La mayoría de los diputados miembros de la Comisión Especial de Pensiones usarán las recomendaciones del estudio de la UCR para reformar el fondo de jubilaciones del Poder Judicial.
Los legisladores utilizarán, como texto base, el proyecto de ley presentado por la Superintendencia de Pensiones (Supén), pero el documento será sometido a drásticos cambios.
Así lo acordaron este miércoles los congresistas, luego de que especialistas del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la Universidad de Costa Rica (UCR), expusieran en la Comisión los resultados del informe final del Estudio Actuarial al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
Solo el diputado frenteamplista Jorge Arguedas cuestionó las propuestas del informe de la UCR, e insistió en que los cambios deben acordarse en una mesa de diálogo entre diputados, trabajadores judiciales y la Corte.
El estudio de la UCR concluyó que el fondo de jubilaciones es insolvente y comenzará a comerse los intereses de la reserva del sistema en el 2029 y agotaría dicho recursos en el 2048. El régimen tiene un déficit actuarial de ¢5,36 billones.
La Universidad propuso elevar la edad de retiro de 60 años a 65 años, subir la cotización de trabajadores y jubilados del 11% al 15%; y que el monto de la pensión sea de entre 72,5% y 85% del salario del empleado, en vez del 100%.
El estudio también planteó un tope a las pensiones de lujo de 10 salarios base, es decir ¢4 millones y una cotización solidaria del 50% sobre el monto de la jubilación que exceda el tope de los ¢4 millones recomendado.
Paralelamente, los empleados judiciales anunciaron la tarde de este miércoles una huelga indefinida en los servicios del Poder Judicial, debido a la molestia que tienen con los diputados, por rechazar el proyecto de ley propuesto por los gremios judiciales para reformar el régimen de pensiones.
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La discusión en detalle.
Los legisladores reiteraron que se toma como base la propuesta de Supén, pues fue la iniciativa aprobada para discusión, pero la misma será modificada drásticamente.
"Se deja el texto de la Supén porque es el texto que está en discusión; pero se ajustará en línea a las recomendaciones del estudio actuarial de la UCR", explicó el socialcristiano Johnny Leiva, presidente de la Comisión Especial de Pensiones.
La mayoría de diputados descartaron apoyar las propuestas de la Corte, los trabajadores y la Superintendencia porque no garantizan la sostenibilidad futura del régimen.
Además rechazaron la de Supén (tal como está) pues propone trasladar a los contribuyentes el pago de ¢1,3 billones de déficit del régimen.
"Hay una acuerdo político de construir un nuevo texto independientemente de cuál es el documento base. Esto quiere decir que habrá un proyecto nuevo y se eliminarán elementos propuestos por la Supén o la Corte", aseguró Franklin Corella, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC).
La legisladora liberacionista Sandra Piszk consideró que lo correcto era utilizar el proyecto de los trabajadores, pues requiere menos cambios de fondo, frente al de la Superintendencia.
"Mi preocupación con el texto de la Supén es el recargo al Presupuesto Nacional de ¢1,3 billones. Eso es inaceptable, por eso no queremos dejar ni la sombra de un posible aprobación de eso", aseguró Piszk.
La legisladora del oficialismo, Marcela Guerrero, recalcó que la única vía realista para los trabajadores de la Corte es apoyar las recomendaciones de la UCR, pues son las únicas que les garantizará una pensión.
Para Adriana Orocú, vocera del Frente Gremial del Poder Judicial, el proyecto presentado por los trabajadores era el correcto para discutir en el Congreso.
"No entendemos por qué se deja el texto de la Supén si tiene dictamen negativo de la Contraloría General de la República, del Ministerio de Hacienda y la Corte Suprema de Justicia", aseguró Orocú.
Los legisladores tienen como límite el próximo 30 de julio para dictaminar un proyecto de ley que reforme las pensiones del Poder Judicial.
La Comisión realizará sesiones extraordinarias para conocer la posición de los trabajadores de la Corte a los cambios propuestos en el estudio de la UCR.
Insostenible.
Por otra parte, los encargados del estudio actuarial al régimen del Poder Judicial expusieron, por más de dos horas, las conclusiones del informe a los diputados.
José Antonio Cordero, director del IICE, explicó que las propuestas legales son insuficientes para resolver la insolvencia actuarial del sistema.
Cordero cuestionó el proyecto de la Supén porque la solución no está en trasladar un gasto fiscal al Gobierno.
"Los marcos (de reforma) propuestos en el estudio son los únicos que logran darle solvencia al fondo y lograr una solución a lo interno del Poder Judicial", dijo.