La Corte Plena decidió suspender la aplicación de la norma conocida como regla IV, que permite a los empleados judiciales jubilarse a los 55 años y con un monto de pensión equivalente al promedio de los últimos 12 salarios.
Los 22 magistrados ordenaron el lunes –por unanimidad– al Consejo Superior, como administrador del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, no conceder ningún nuevo beneficio de ese tipo pues la legalidad de la norma está en análisis, señaló en un comunicado.
Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, explicó que la decisión es una medida cautelar, a la espera de la resolución definitiva de la Corte.
La Superintendencia de Pensiones (Supén), así como dos informes internos de la Corte, coinciden en que la regla IV es ilegal.
Según el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, la edad mínima de pensión para la mujer es de 59 años y 11 meses y para el hombre de 61 años y 11 meses.
La Supén estimó que, con amparo en la directriz, se dieron 403 pensiones irregularmente entre enero del 2000 y julio del 2012, las cuales tuvieron un costo extra de ¢4.000 millones para el Fondo.
La Corte informó de que esperará contar con la posición de los sindicatos de empleados del Poder Judicial para tomar las acciones legales que corresponda.
Édgar Robles, jerarca de la Supén, dijo que desde hace casi una década cuestionaron ante la Corte la aplicación de la regla IV.
“Se deben corregir los beneficios mal concebidos y sentar responsabilidades a las personas que indujeron a tomar las decisiones”, dijo Robles.
La Supén propuso, en enero, cerrar el Fondo de Jubilaciones por estimarlo insostenible.
El régimen judicial se creó en 1937, tiene 3.226 jubilados y 12.055 empleados activos cotizando.
Por otro lado, la fiscalización que hace la Supén en el Fondo del Poder Judicial está bajo análisis de la Sala IV.
Más decisiones. En los últimos 18 meses, la Corte Plena restringió beneficios dados a pensionados del Fondo.
La Supén y la Secretaría General de la Corte cuestionaron la revalorización del monto de pensión del jubilado como si aún trabajara en la institución, mientras la Ley Orgánica del Poder Judicial establece un ajuste por costo de vida.
Esta medida, avalada en el 2003, permitió a 2.218 jubilados reajustar su pensión, lo que significó, según Supén, un gasto extra para el Fondo de ¢12.500 millones, de enero del 2002 a julio del 2012.
Los magistrados ordenaron, en noviembre del 2012, eliminar esta revalorización adicional a partir del 1.° de enero del 2013, según el acta de la Corte Plena N.° 40-12.