Corte rechaza que el régimen esté quebrado

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

La Corte Suprema de Justicia negó que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial esté quebrado, según dos pronunciamientos de los magistrados, divulgados el 8 y 22 de abril anteriores, entre los empleados.

En dicha decisión se afirma que la administración del régimen especial es transparente y autosostenible.

“En cumplimiento de la política de evaluación continua, se ha contratado un nuevo estudio actuarial con el objetivo de valorar la adopción de medidas adicionales, que, de resultar necesario, se aplicarían en aras de la sostenibilidad financiera y actuarial del fondo”, argumenta el acuerdo.

Alfredo Jones, director ejecutivo del fondo, detalló que el objetivo del estudio es contar con recomendaciones para mejorar la salud actuarial del régimen.

La entidad contrató, de nuevo, a la firma argentina Melinsky, Pellegrinelli y Asoc. Dicha compañía determinó, en el 2012, que el fondo tiene un déficit actuarial de ¢4 billones y sería insolvente en el 2027.

Édgar Robles, superintendente de Pensiones, cuestionó el pronunciamiento de la Corte. En enero anterior, la Superintendencia de Pensiones (Supén) recomendó el cierre definitivo del fondo del Poder Judicial, que las pensiones de los actuales jubilados se paguen con cargo al Presupuesto Nacional y los empleados activos sean trasladados al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) , administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social.

Concentración. Por otra parte, en la Supén cuestionan la estrategia de inversión de los administradores del régimen.

Hasta el 31 de diciembre anterior, el 100% de los más de ¢346.000 millones del sistema estaban invertidos en títulos de instituciones públicas.

“El fondo asume riesgos excesivos. La mitad está en certificados de depósito a plazo y el resto en Unidades de Desarrollo (UDES) con rendimientos indexados a la inflación”, dijo Robles.

El director del régimen dijo que tienen un comité que se reúne periódicamente para revisar las inversiones de la entidad, pero reconoció que buscan un especialista externo en esta materia.

“Está en proceso la contratación de un asesor en inversiones, dado que a la fecha se cuenta con un asesor en riesgos”, dijo.