Los directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordaron cerrar un portillo para el adelanto de la pensión por vejez, a partir de noviembre próximo.
Se trata de la modalidad conocida como retiro anticipado con penalización, que se creó en el 2005. Dicho sistema permite la jubilación en mujeres con 60 años y en hombres con 62 años si tienen 300 cuotas reportadas en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La sanción ocurre porque a la mujer que anticipa el retiro al monto de pensión se reduce el 34,8%, y al hombre, 21,3%, según el reglamento del IVM.
En los cambios, la Junta Directiva de la Caja acordó un cronograma de eliminación paulatina del beneficio del retiro adelantado que finaliza en el 2018.
A partir del 1.° de noviembre próximo, el número de cuotas mínimas para anticipar la jubilación sube de 300 a 360 cuotas.
La modificación equivale a cinco años adicionales de cotización. La medida será efectiva en mayo de 2017, pues por mandato de la Sala IV los cambios en temas de pensiones se aplican hasta 18 meses después de avalados.
Este cambio no afecta la posibilidad de que el trabajador se pensione a los 60 años las mujeres y 62 los hombres, si al momento de tramitar el retiro poseen 452 y 462 cuotas, respectivamente.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones, detalló que la eliminación de la pensión anticipada con penalización generará un ahorro al fondo de ¢8.000 millones.
Barrantes dijo que al año se pensionaban, en promedio, 2.500 personas con dicho beneficio.
La decisión, acordada el pasado jueves, es una modificación de corto plazo que busca evitar el colapso del fondo de pensiones.
La institución autónoma tiene previsto iniciar el próximo año la discusión de cambios en el aporte al fondo, la edad de jubilación y los beneficios otorgados.
El IVM es el principal fondo de pensiones de Costa Rica. Actualmente tiene más de 224.000 pensionados, 1,4 millones de cotizantes y una reserva de ¢1,9 billones. En el IVM cotizan patronos, trabajadores y el Estado.
Más medidas. Otro de los cambios aprobados por los directivos fue el cobro adicional de ¢58.000 millones al Estado a partir del 1.° de enero del 2016. Tales recursos son un aporte, en calidad de subsidio, para completar la pensión mínima, de ¢129.522, a quienes cotizaron insuficientemente. Hoy, dicho pago lo asume el fondo.
Barrantes explicó que, legalmente, la Caja puede ajustar el pago del Gobierno, pues el fondo cuenta con el respaldo solidario del Estado sobre el régimen.
El Ministerio de Hacienda informó este viernes de que no se referirá al caso, pues esperan una comunicación formal de la Caja.
Los directivos también acordaron una mayor rigurosidad en el cobro de las utilidades de las utilidades que las empresas públicas deben transferir al fondo .
La Caja contratará un nuevo estudio actuarial externo para fundamentar las próximas propuestas de reforma. La entidad negoció que la Universidad de Costa Rica haga el análisis.
La CCSS informó, en setiembre, que no tomará en cuenta el estudio contratado al actuario Eduardo Melinsky para realizar cambios en el régimen. Este análisis concluyó que el sistema agotará su reserva a partir del 2023.
Los directivos también aprobaron invertir recursos de la reserva del fondo en proyectos de infraestructura dentro del país y en el extranjero.
Álvaro Ramos, superintendente de Pensiones, descartó ayer referirse a la decisión de la Caja, pues dijo que la analizará en conjunto con la Gerencia de Pensiones de la Caja.