La cadena de tiendas Casa Blanca propuso cancelar sus deudas con 112 acreedores, por $49,9 millones, en un plazo máximo de 15 años.

El plan de reestructuración de los pasivos que la compañía presentó prevé, como eje principal, una reducción en la tasa de interés, para los primeros años, que posteriormente irá en aumento.

Además, incluye el fortalecimiento del gobierno corporativo para incluir, dentro de su junta directiva, a profesionales independientes, y una reducción de la operación de tiendas.

Así se detalla en la propuesta de acuerdo para la junta de acreedores presentada por Land Business S. A., propietaria de Casa Blanca, desde el 5 de marzo del 2020.

La propuesta de pago, de la cual tiene copia La Nación, recibió la aprobación del curador Manuel Enrique Fernández, el 20 de marzo de ese mismo año. Sin embargo, no ha sido sometida a discusión con los acreedores a raíz de la pandemia, confirmó Carlos Murillo, gerente general de Casa Blanca.

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“La respectiva Junta de Acreedores será convocada una vez se alivianen las restricciones por la pandemia para garantizar la seguridad sanitaria de los participantes (...) según resolución del Juzgado Concursal con fecha 9 de setiembre de 2020”, recalcó Murillo.

El empresario agregó que el plan inicial se ha modificado a medida que mejora el desempeño operativo; y están en proceso de actualización del documento, pero no detalló los posibles cambios.

Una de las modificaciones ocurrió con los puntos de venta, pues entre las medidas planteadas, durante el año pasado, se propuso reducir de 69 a 36 las tiendas para dejar solo los locales más rentables.

Actualmente, operan 38 tiendas y tienen una planilla de 292 trabajadores.

Fernández recalcó que la compañía mantiene suspendido el pago de sus deudas, pues aún posee la protección judicial y debe hacerse mediante un acuerdo tomado por los acreedores.

“A ninguno de los acreedores se les puede honrar la deuda antes de que llegue a la junta de acreedores, ni a los bancos, ni proveedores. Cuando el juez acepta el convenio preventivo, se suspenden todos los pagos”, explicó Fernández.

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Casa Blanca acudió al Juzgado Concursal, en enero del 2017, para enfrentar un problema de liquidez y poder renegociar sus deudas financieras.

La génesis de las dificultades de la compañía ocurrió en el 2012, cuando se ideó una estrategia de fuerte crecimiento de tiendas y de ventas mediante el financiamiento a sus clientes.

Para lograr dicho objetivo, Land Business S. A., sociedad propietaria de Casa Blanca, estableció créditos de corto plazo (seis meses), conocidos también como revolutivos, con bancos estatales y privados, así como entidades financieras supervisadas.

Sin embargo, a sus clientes les otorgó financiamiento de mayor plazo, con lo cual la firma enfrentó un descalce.

Cuando se presentó el proceso judicial, el pasivo de la empresa ascendía a $61,5 millones, pero la compañía logró arreglos de pagos para reducirla, previo a la apertura del proceso concursal.

Detalle del plan

El principal objetivo de la propuesta planteada por Land Business es ampliar el periodo para el pago de sus préstamos, pues la mayoría son de corto plazo.

“Para que la empresa pueda generar el suficiente ingreso financiero que soporte la propuesta de pago a los acreedores se requiere de tiempo”, expuso Eduardo Chavarría, presidente de la empresa, en el oficio presentado al Juzgado Concursal en marzo del año pasado.

El tiempo solicitado, se explica en el oficio, se requiere para hacer crecer el negocio de otorgamiento de financiamiento propio a sus clientes, para la compra de electrodomésticos.

“La captación de nuevos clientes a crédito es vital para que los ingresos financieros crezcan y puedan soportar el pago de los intereses a los acreedores”, explicó el empresario en el oficio.

Para las entidades financieras locales, la empresa propuso que todas las operaciones sean colonizadas y readecuadas a un plazo de 15 años y de pagos trimestrales.

Además de que, para el primer año, la tasa de interés sea del 2%. Del segundo año al quinto suba al 4%, y en el resto del plazo, que sea de tasa básica pasiva (TBP) más cuatro puntos porcentuales (p. p.).

Además, se pidió que la compañía pueda negociar, como dación de pago, un terreno ubicado en la Uruca.

Con las instituciones financieras extranjeras, la compañía también planteó pagos trimestrales. En el primer año que la tasa sea del 1%; del segundo al quinto año, del 2%; y para el resto del periodo de tasa Libor más dos puntos.

Con los financistas privados, cuya deuda supera los $13 millones, es pagarles en un plazo de 12 años, que se iniciará con una tasa fija del 2%.

Sin embargo, se propuso que una parte de lo adeudado, por $4,2 millones, sea convertida en acciones comunes del capital social de Land Business.

Por último, a los proveedores se propuso colonizar la deuda, pagar en un periodo de 12 años, con un periodo de gracia de un año. Del segundo al quinto año, se propuso solo el pago de intereses, y después del sexto año sería el principal más intereses.

Entrevista a gerente de Casa Blanca: ‘Empresa ha mejorado su desempeño’

Carlos Murillo, gerente general de Casa Blanca, confirmó que la compañía no ha podido someter a votación su plan de reestructuración de deudas con 112 acreedores a raíz de la pandemia de la covid-19.

– En este 2021 se cumplen cuatro años desde que la empresa presentó el convenio preventivo. ¿Cuál es el estado del proceso?

– El proceso está muy avanzado, afectado por los atrasos que ha causado a este tipo de diligencias la covid-19.

”La respectiva junta de acreedores será convocada una vez se alivianen las restricciones por la pandemia y se concluyan las directrices y condiciones adecuadas para garantizar la seguridad sanitaria de los participantes, (...) dada la gran cantidad de participantes en el proceso, según resolución del juzgado con fecha 9 de setiembre de 2020″.

– ¿La empresa ya presentó el plan de reestructuración de las deudas a los acreedores? ¿Cuál fue el plazo propuesto por la empresa para cancelar sus deudas con acreedores?

– La empresa ha presentado un plan, el cual se ha venido modificando conforme la empresa ha venido mejorando su desempeño operativo, y en consecuencia, sus posibilidades de pago a futuro. La última versión del plan está en proceso y será actualizado ante el Juzgado Concursal, próximamente.

– La empresa acudió a la Sala IV y cuestionó el sistema de votación establecido para que la junta de acreedores dé el visto bueno al plan de reestructuración. ¿Por qué?

– La empresa consideró que el requisito de aprobación de un convenio por dos terceras partes de los acreedores afecta a los acreedores pequeños, puesto que usualmente los grandes acreedores mantienen garantías reales que pueden hacer efectivas si no se logra un acuerdo.

”A pesar que la Sala Constitucional tuvo una opinión contraria, la nueva Ley Concursal, recién aprobada en la Asamblea Legislativa, considera como regla general la aprobación con mayoría ordinaria de los votos. Y esa ha sido nuestra propuesta”.