El negocio crediticio del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) encara un periodo de mayor deterioro a raíz de un incremento de la morosidad, un alza en las viviendas dadas en garantía por impago y de las operaciones malas catalogadas como incobrables. A dicho escenario se une la caída en la colocación de nuevos préstamos.
La combinación de estos factores llevó al Comité de Riesgos para los Fondos Institucionales, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a solicitar a la Gerencia de Pensiones tomar una decisión sobre el futuro de la cartera hipotecaria para no afectar el fondo de jubilación.
Las opciones dadas por este órgano de vigilancia fueron desde mantener el negocio intervenirlo o darlo a cesión a un tercero. Así se desprende en tres acuerdos tomados por el Comité de Riesgos entre octubre del 2021 y marzo del 2022.
“Solicitar a la Gerencia de Pensiones presentar un plan de acción para ejecutarse en el 2022, enfocado a tomar decisiones de intervención, estructurales, cesión de cartera, o cualquier alternativa ajustada a derecho que contrarreste la situación actual”, reza el acta de la sesión ordinaria 300, del 11 de marzo de 2022.
El dato más reciente de la cartera de préstamos del IVM, a octubre del año pasado, muestra que el saldo ascendió a ¢77.116 millones, es decir, una caída del 7,3% frente al mismo periodo del 2021 cuando fue de ¢83.262 millones, según los estados financieros del régimen.
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Sin embargo, la información financiera muestra que en el 2019 se alcanzó el punto más alto del saldo del negocio, cuando ascendió a ¢88.142 millones; pero desde ese momento, empezó la reducción.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja; y Roy Retana, jefe del Área Crédito y Cobro, explicaron que los impactos sufridos en el negocio hipotecario, en los últimos tres años, son consecuencia de la desmejora económica provocada por la pandemia de la covid-19.
A lo cual se unió, argumentaron, el hackeo realizado a los sistemas informáticos de la CCSS, durante el año pasado, lo cual impidió formalizar nuevos créditos y registrar inmediatamente los pagos mensuales de 3.500 clientes sin deducción de planilla, sino en meses posteriores.
Sobre el futuro de la cartera hipotecaria, Barrantes dijo que es la Junta Directiva la encargada de definir si se continúa o no en el negocio. Recalcó que, históricamente, la actividad crediticia ha generado buenos rendimientos y diversificación a la reserva del IVM, pese a los resultados adversos de los últimos tres años.
“Conocemos las propuestas del Comité de Riesgo. Es un tema que se ha conversado pero no hay una propuesta madura. Posiblemente, será la Junta la que retome para su valoración el tema (...), ya sea colocar mediante banca de segundo piso, vender la cartera o cederla”, recalcó Barrantes.
La CCSS presta como máximo ¢150 millones para compra de vivienda nueva y hasta ¢80 millones para compra de lote, ampliación de vivienda o cancelación de una hipoteca. Los plazos de las operaciones de crédito son hasta de 30 años.
La institución ofrece un producto de tasa de interés fija al 7%, por cinco años; y para el resto del periodo de tasa básica pasiva (TBP), hoy en 6,64%, más 3,5 puntos porcentuales (p.p.).
Para viviendas de interés social, las condiciones son de tasa fija al 5,5% por dos años, y el resto del periodo a TBP más 3,5 puntos.
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Suben impagos
En el caso de la morosidad, el año pasado se registró un rápido aumento. A julio, el indicador alcanzó el 4,93%, pero había iniciado el año en 2,68%, se detalla en el informe de Auditoría Interna, AFINPE-108-2022, del 9 de diciembre anterior.
En el sistema financiero nacional un nivel de mora del 3% es considerado como sano por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
“Esta Auditoría observó (...) un aumento en el indicador de morosidad y una disminución considerable del número de operaciones y monto de las colocaciones durante el año 2022, afectando consigo el cumplimiento de metas propuestas para este periodo”, se destaca en la fiscalización.
El director de Crédito y Cobro de la institución sostuvo que el indicador de mora desmejoró a raíz del ciberataque. Aseguró que el indicador de mora disminuyó cuando se puso en ejecución un plan de contingencia para registrar los pagos de hipotecas.
Retana aseguró que la morosidad fue del 3,99% en marzo pasado. La Nación solicitó a la Gerencia de Pensiones los datos de mora de los últimos tres años, pero al cierre de este artículo no se recibió la información.
En el caso de la colocación de nuevos créditos, el impacto lo provocó la crisis sanitaria.
La meta de colocación anual de la Caja es de ¢7.500 millones y, en el 2022, se formalizaron operaciones por un monto de ¢3.000 millones. Mientras que, en el 2021, fueron ¢1.959 millones.
Sin embargo, en los cinco años previos al 2021, el promedio anual formalizado fue de ¢9.600 millones.
“La proyección para el 2023 es que vamos alcanzar la meta anual de colocación y superarla. Por ejemplo, solo en el mes de marzo colocamos ¢1.200 millones, y aún seguimos recibiendo solicitudes de nuevos préstamos”, indicó Retana.
El vocero recalcó que la mayoría de los clientes mantienen su deuda al día, lo que significa que hubo un buen análisis de crédito.
No obstante, los saldos de operaciones catalogadas como incobrables se elevaron. A octubre del 2022, el monto era de ¢2.324 millones; mientras que el mismo mes del 2019, previo a la pandemia, era de ¢1.798 millones.
En el caso de los bienes entregados como dación del pago, el monto ascendió a ¢1.060 millones, en octubre anterior, frente a los ¢554 millones del 2019, según los estados financieros del IVM.