El beneficio de elevar la cesantía a 20 años en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) incrementó el gasto en prestaciones a sus empleados y presionará las finanzas de la institución, pues se prevé la jubilación de 4.575 trabajadores entre el 2018 y 2022.
La entidad autónoma canceló ¢33.774 millones a un grupo de 701 trabajadores que se pensionaron el año pasado.
Dicho monto significó un aumento del 34%, comparado con el 2013, cuando hubo un egreso de ¢25.125 millones para 1.003 empleados, según datos de la CCSS.
En promedio, cada trabajador que se jubiló, pasó de recibir ¢25 millones de cesantía, a ¢48 millones, en cuestión de cinco años.
El 2017 fue el primer año en que los empleados con 36 años de servicio o más, tuvieron derecho a recibir los 20 años de cesantía al jubilarse, por fallecimiento (recursos son para la familia), o despido.
Durante el 2016, dicho beneficio solo aplicó durante el segundo semestre, según la Normativa de Relaciones Laborales de la CCSS.
La Junta Directiva de la Caja aprobó, en el 2010, elevar el derecho de cesantía de 15 años a 20 años.
La crisis financiera de la institución generó que, en el 2012, los directivos de entonces dieran marcha atrás y acordaran reducir las prestaciones legales a un tope de 12 años.
Sin embargo, un mes y medio después se dio de nuevo marcha atrás para que el beneficio siguiera tal como se aprobó en el 2010.
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El pago de cesantía se financia con el aporte obrero-patronal y la contribución estatal a la Caja.
En el sector privado y el Gobierno Central, este derecho es de ocho años, según el Código de Trabajo.
El tope de auxilio de cesantía de 20 años se aplica a 51.448 empleados de la institución aseguradora. La mayoría labora brindando servicios médicos en el seguro de salud.
Sin embargo, también hay un grupo que efectúa labores administrativas en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Presión futura
El efecto del costo de las prestaciones legales en la CCSS es un tema de discusión en el seno de la Junta Directiva, desde hace tres años.
De hecho, desde noviembre del 2016, los directores pidieron un informe a la Gerencia Administrativa sobre la legalidad del acuerdo tomado en el 2010 y del impacto financiero.
Sin embargo, aún no se había recibido respuesta, según consta en el acta 8.961 del pasado 1. ° de marzo.
Fernando Llorca, presidente ejecutivo de la Caja, aceptó que la cesantía es un tema recurrente de discusión en la Junta.
"Hemos tenido la intención de revisar esto en la Junta otra vez; pero es una decisión tomada hace muchos años y ese es el escenario actual", recalcó Llorca.
Agregó que en una planilla de más de 50.000 personas el efecto es relevante.
Según las proyecciones de la Caja, entre el 2018 y 2022, 4.575 personas podrán acogerse a la jubilación y al derecho de prestaciones legales.
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Hasta marzo anterior, la institución contaba con 2.392 trabajadores en esa condición, según datos de la Dirección de Administración y Gestión de Personal.
De esa cantidad de empleados, 1.463 son hombres y 929 mujeres, se detalla en la información estadística.
A partir del 2013 hubo un incremento de la provisión (reserva) de pago de cesantía, pues de ¢4.836 millones, en diciembre de ese año, pasó a ¢29.415 millones al mismo mes del 2017, según los estados financieros de la CCSS. Y para febrero pasado, el monto se había actualizado a ¢33.290 millones, según información publicada en el sitio web de la Caja.
Para Rolando Barrantes, representante estatal en la Directiva de la Caja, es fundamental contar con estimaciones detalladas del efecto del costo de las prestaciones legales, máxime por la sostenibilidad del seguro de salud.
El funcionario pidió, en noviembre pasado, a la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, una actualización del estudio actuarial hecho al régimen para que incorpore el efecto de la cesantía,
Barrantes recalcó a Guillermo López, director actuarial de la Caja, que los egresos futuros están subestimados, según consta en un oficio del 30 de noviembre del 2017, del cual tiene copia La Nación.
El estudio actuarial proyectó que el seguro de salud corre el riesgo de ser insolvente a partir del 2027.
"Hay una necesidad de revisar el impacto de la cesantía que se elevó a 20 años, pues ni siquiera se ha medido. Pero tiene un peso muy fuerte en la situación financiera institucional", afirmó Barrantes.
Adolfo Gutiérrez, representante del sector empresarial en la Directiva, enfatizó que el modelo actual de condiciones laborales de la entidad autónoma no es sostenible.
Gutiérrez dijo que la CCSS debe establecer el salario único, eliminar los pluses salariales y variar el sistema de prestaciones legales.
Este director brindó tales aseveraciones en octubre del año pasado, cuando se conoció el estudio actuarial al seguro de salud, según consta en el acta 8.934.