Por medio de un correo electrónico, Alfredo Jones, director del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, respondió las consultas de La Nación sobre el informe de la Superintendencia de Pensiones (Supén), que recomienda el cierre de este sistema de retiro.
Aseguró que encargarán un nuevo estudio actuarial para validar si las propuestas de la Corte logran equilibrar el régimen.
Supén propuso cerrar el Fondo, que parte de los beneficiarios vayan con cargo al Presupuesto Nacional y los trabajadores activos al IVM. ¿Han analizado eso?
Ni la Corte Plena, ni el Consejo Superior, ni esta dirección hemos valorado la opción de cerrar el Fondo. Por el contrario, siempre hemos tenido en mente la necesidad de tomar medidas para fortalecer su balance actuarial.
”Esta dirección desconoce las hipótesis y supuestos que se definieron en el estudio actuarial que utiliza la Supén”.
¿Son conscientes del alto costo para el país y los contribuyentes de darse el cierre?
No estamos pensando en el cierre del Fondo. Las conclusiones y recomendaciones que así lo plantean, están incluidas en un documento de la Supén, sobre el cual desconocemos las hipótesis.
”Nuestra intención es recibir las conclusiones y recomendaciones del nuevo estudio actuarial y tomar decisiones para buscar el equilibrio actuarial. Nunca nos hemos planteado ser una carga, ni para el contribuyente ni para el Estado”.
¿Es tan dramática la situación del Fondo?
Desde el punto de vista financiero, a hoy, el Fondo goza de buena salud. Hemos reconocido que sí tiene un desbalance actuarial sobre el cual se deben tomar medidas para que no entre en problemas, en el 2027. Igualmente, conscientes de la situación, se ha ordenado un nuevo estudio actuarial que nos permita visualizar la situación al 2014, valorando las reformas legales que se encuentran pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa.
¿Es responsable, la jerarquía del Poder Judicial, de otorgar beneficios abusivos que llevaron al Fondo a la actual situación?
Es la Supén la que afirma que se han concedido beneficios de manera incorrecta. Aunque se respeta ese criterio, no se comparte en el tanto a la fecha el Consejo Superior estima que sí se han concedido correctamente.