Promesa incumplida.
El Decimo noveno Informe Estado de la Nación denomina “promesa democrática sin sustento económico” a la práctica de aprobar legislaciones que amplían las competencias del Estado sin proveer el respectivo financiamiento.
Resultado.
La falta de recursos se traduce en incapacidad para cumplir con lo dispuesto en las nuevas leyes y, por ende, con las expectativas de la ciudadanía.
Recomendación.
Es importante que cualquier ampliación de las competencias del Estado identifique la base económica que permitirá su correcta aplicación.
FUENTE: ESTADO DE LA NACIÓN
En junio del 2012 la Asamblea Legislativa aprobó, en segundo debate, la creación de las Casas Cantonales de la Juventud. Su objetivo es fomentar la cultura y el desarrollo de los jóvenes. Sin embargo, en la iniciativa no se destinó un solo recurso para financiar esta nueva función del Estado.
Dicha normativa es un ejemplo entre un total de 63 leyes, aprobadas entre el 2011 y 2013, que crean nuevas funciones y gasto público, pero no establecen mecanismos de financiamiento.
Así se desprende del Decimonoveno Informe Estado de la Nación en Desarrollo Sostenible que analizó las leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa y que otorgaron obligaciones estatales.
Según el estudio, en el periodo de análisis se aprobaron un total de 108 normas que ampliaban las funciones de instituciones públicas. De ellas, 28 sí asignaron ingresos, mientras que en 17 no era necesario recursos.
Entre las leyes avaladas hay convenios y tratados internacionales en lo cuales los legisladores no dimensionan el impacto sobre las finanzas del país, indica el informe. Este tipo de suscripciones requieren el pago de cuotas de membresía o el nombramiento de representantes en órganos internacionales.
La investigación resaltó que para el periodo legislativo 2012-2013 hubo una leve baja de leyes sin sustento económico, sin embargo destacó el efecto acumulativo que tiene esta práctica sobre finanzas públicas. Hay excepciones como en los periodos del 2009 a 2011, donde no se aprobaron normas de este tipo.
Efectos. Steffan Gómez, investigador del Estado de la Nación, comentó que el principal efecto de crear leyes sin financiamiento es el déficit fiscal.
“Pero hay otros, como el recargo de funcionares a un departamento sin una asignación presupuestaria acorde a la nueva ley”, recalcó Gómez.
Para Édgar Ayales, ministro de Hacienda, es necesario establecer una disciplina en la cual no se apruebe ninguna ley en la Asamblea Legislativa sin que genere nuevos ingresos para financiar gastos extra en el Estado.
Añadió que es difícil determinar el costo de las 63 leyes avaladas en los últimos tres años. Pero el crecimiento del déficit es resultado, en parte, de esas decisiones.
“La práctica que existe de aprobar gastos sin financiamiento es una de las mayores discusiones que hemos tenido en el proceso de Consolidación Fiscal”, explicó Ayales.
Pese a la observación, para el diputado Rodolfo Sotomayor, quien propuso la creación de las Casas Cantonales de la Juventud, su iniciativa no requirió gastos extra por parte del Gobierno.
“La norma solo autoriza a las municipalidades a poder donar o ceder edificios en desuso para actividades de jóvenes. Esto en ningún momento es una erogación nueva, es solo un uso correcto de bienes estatales”, recalcó Sotomayor.
No obstante, para el Estado de la Nación sí corresponde a un nuevo gasto. Colaboró Eugenia Soto