Empresas en Costa Rica utilizan a personas fallecidas como proveedores para aumentar ficticiamente el monto de sus compras, elevar los gastos, y con ello reducir el pago del impuesto sobre la renta.
Las estimaciones preliminares del Ministerio de Hacienda indican que la evasión mediante este mecanismo superaría los ¢18.000 millones.
En una conferencia de prensa, sus funcionarios precisaron que existen más de 100 casos identificados y en investigación.
De esos casos, solo uno está presentado ante el Ministerio Público, explicó el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez.
El modo de operar es la toma de nombres de personas fallecidas publicados en medios de comunicación. Dos o tres días después de la publicación se inscribe a la persona en Hacienda como proveedor y se le abren actividades económicas.
Según Hacienda, existe un plazo de al menos 10 días entre el fallecimiento y el registro oficial de la defunción, lo que imposibilita los controles o los atrasa.
Sin embargo, solo en el caso presentado ante el Ministerio Público se estima una evasión de ¢2.600 millones.
En ese caso, a dos fallecidos inscritos como proveedores se les atribuyeron compras por ¢5.000 millones en tres periodos fiscales por parte de una pequeña empresa de celulares y electrodomésticos.
Hacienda sospecha de la existencia de una red de abogados y contadores que aplican la maniobra y la aconsejan a las empresas. También se cree la posibilidad de contrabando de productos y de eventual legitimación de capitales ligados a esta práctica.