Durante su primer día de gobierno, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, incluyó el proyecto de ley N.º 21.182, que permitiría jornadas laborales excepcionales, al periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa, un anuncio que despertó reacciones positivas entre el sector empresarial, desde donde calificaron el apoyo al texto como “un paso en la dirección correcta”.
Varias agrupaciones empresariales, entre ellas la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia), consideraron que existe una ausencia de sincronización entre la normativa laboral y las características actuales del mercado, lo que resta competitividad a Costa Rica frente a otros países.
El proyecto añadiría una “jornada excepcional” de 12 horas por día al Código de Trabajo. Se conoce como la jornada 4-3, donde el trabajador laboraría cuatro días y tendría tres de descanso como mínimo, todo bajo consenso entre el patrono y el trabajador. Para los horarios nocturnos, la persona trabajadora tendría cuatro días libres consecutivos luego de tres días de trabajo continuo.
Juan Ignacio Pérez, presidente de Cacia, señaló que la actual normativa laboral obedeció a circunstancias sociales, de conectividad y de comercio distintas a las actuales, por lo que la debe ajustarse.
“Las formas de conectividad entre seres humanos en diferentes horarios a nivel global, el uso y aplicación de tecnologías modernas para la mejora en la productividad, así como las diferentes formas en que las actividades empresariales se innovan, y con ellas los mecanismos y necesidades de contratación, nos obligan a modernizar nuestro marco normativo”, agregó Pérez.
Desde la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) también consideran que el proyecto es una alternativa para modernizar la legislación laboral vigente y contribuir a la recuperación del empleo en el país.
Cambios legales
El modelo 4-3 se aplicaría en labores que por su naturaleza requieran de procesos continuos de 24 horas de trabajo a fin de garantizar su operación; y en las labores que por su naturaleza y condiciones del espacio de trabajo no atenten contra la salud de las personas trabajadoras.
Esta jornada excepcional ampliada calificaría para labores ejecutadas desde diversos perfiles ocupacionales del sector de comercio, turismo y servicios, por ejemplo. Las actividades específicas de cada perfil ocupacional establecido serán detalladas en el reglamento que se emita si el texto es aprobado.
“Es una forma de dinamizar la economía, generar más empleos y además actualizará las posibilidades de conformación de la jornada laboral ajustando la normativa a la realidad laboral del siglo XXI, que se distingue por tener un mercado laboral que es cada vez más competitivo”, comentó José Álvaro Jenkins, presidente de la Uccaep.
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Tanto la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) como la Asociación de Empresas de Zonas Francas (Azofras) y la Cámara Costarricense - Norteamericana de Comercio (AmCham) también se mostraron a favor de la inclusión de la iniciativa a sesiones extraordinarias.
Carlos Wong, presidente de Azofras, aseguró que su eventual aprobación permitiría a Costa Rica ser más competitivo y atraer mayor inversión extranjera directa así como la potenciar las exportaciones de valor agregado.
Prohibiciones de la ley
El texto plantea la prohibición de que las jornadas extendidas se utilice en labores pesadas, peligrosas o insalubres; en aquellos trabajos que exijan para su realización un extraordinario esfuerzo físico o en los que concurran circunstancias de especial fatiga.
Tampoco podrá aplicarse en aquellas labores en que se identifique un riesgo de fatiga por la continua operación de maquinarias, vehículos automotores o similares, que represente un peligro inminente para la persona operadora, así como para las personas usuarias o presentes en el lugar de la actividad, entre otras circunstancias.
El proyecto ya cumple más de tres años desde su primera presentación en la Asamblea Legislativa, tras la propuesta de la exdiputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Ana Lucía Delgado. En setiembre del 2021 el texto fue dictaminado por la Comisión de Hacendarios y en octubre ingresó al orden del día, según el estado de tramitación, pero el avance hacia el plenario no tuvo frutos.