La imagen es repulsiva por partida doble. A plena luz del día, la cámara de seguridad registra cuando el pistolero apunta su arma hacia las entrañas de la escuela, un acto que sobrepasa por mucho los límites de lo tolerable, porque si ya es grave atentar contra la vida humana, en este caso, además, se suman el más vil desprecio por los niños y por el recinto donde se congregan a recibir lecciones.
Así pues, en lo fáctico y en lo simbólico, la balacera de este lunes, en un centro educativo de Escazú, tocó dos fibras muy sensibles para nuestra sociedad.
Las circunstancias y detonantes del ataque, que dejó un saldo de dos adultos muertos y un niño herido, apenas comienzan a esclarecerse, pero desde ya la Policía Judicial tiene algunos indicios de que el crimen organizado podría estar detrás.
El combate de este tipo de delincuencia corresponde a las autoridades policiales, pero la prevención debe ser una respuesta de la sociedad porque el combustible que mueve estas estructuras suele ser producto de la legitimación de capitales, que se filtra por todas las arterias del ciclo de producción.
Por esa razón, los órganos de seguridad proponen que los centros educativos privados se involucren con la política “Conozca a su cliente”. Los bancos son pioneros en esos protocolos, que se traducen en procedimientos y directrices para identificar a sus clientes, y verificar y monitorear sus operaciones financieras cuando exista sospecha de que podrían tener vínculos con el lavado de dinero.
De esta manera, cuando abrimos una cuenta bancaria, verifican nuestra identidad, domicilio y la naturaleza de nuestras actividades lucrativas. Comprueban el origen de nuestros ingresos y los montos que acostumbramos movilizar.
Una reforma a la Ley de Estupefacientes, aprobada la semana pasada, obliga a profesionales como los contadores y notarios, y ciertos comerciantes (joyeros y corredores de bienes raíces, entre otros) a reportar al Instituto Costarricense sobre Drogas cuando sospechen que sus clientes están pagando con dinero de procedencia dudosa.
Le toca el turno a otras actividades económicas de revisar cómo contribuir a cerrar el cerco: la medicina privada, la venta de automóviles, la hotelería y, sí, la educación particular. Todas ellas pueden adoptar prácticas internas para detectar actividades sospechosas.