San José.
Los planes para aumentar o modificar tributos en Costa Rica van más allá de las nuevas propuestas del Ministerio de Hacienda para reformar los impuestos de ventas y renta. Hoy, los diputados tienen en su poder, al menos, 26 proyectos de ley que tienen por objetivo ajustar algún tipo de tributo.
Según un listado suministrado por el departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa, y analizado por La Nación, esta cifra corresponde solo a las propuestas presentadas durante la actual administración –del 1°. de mayo del 2014 al 20 de marzo de 2017–. La mayoría no responde a iniciativas que hayan sido sugeridas por el Ejecutivo.
Del total de proyectos, un 50% busca subir o crear un nuevo tipo de tributo o de cánones. Es decir, la mitad de los documentos (13).
El listado no contempla los proyectos N°. 19.679 de Renta ni el N°. 19.678 sobre impuesto al Valor Agregado (IVA), presentados por el Ejecutivo, pues a criterio del departamento legislativo, desde su presentación, no han registrado movimientos considerables para ser tomados en cuenta.
Pese a ello, justifican que se trata de dos de los proyectos que más cambios sugieren en las bases fiscales nacionales.
A ese listado se unen otras propuestas que buscan redistribuir los beneficiarios de un tributo o modificar una metodología actual de cálculo, por ejemplo (13 en total).
Nuevos impuestos. Desde mayo del 2016, el Plenario discute la posibilidad de cobrar un tributo a aquellas transferencias que se realicen de forma electrónica por medio de Sinpe (Sistema Nacional de Pagos Electrónicos). En detalle, el proyecto N°. 19.959 sugiere la creación de un impuesto de ¢20 por cada transferencia interbancaria de montos superiores a los ¢100.000.
En su momento, el diputado socialcristiano William Alvarado, presidente de la comisión mixta que presentó el plan, alegó al diario La Nación que la iniciativa serviría, entre otros objetivos, para apoyar a Guanacaste con el problema de la escasez de agua.
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En la misma línea, otro legislador sugiere un incremento al impuesto a las bebidas sin contenido alcohólico, principalmente gaseosas, para financiar medicinas de alto costo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La iniciativa se llama Ley para la adquisición solidaria de medicamentos de alto impacto financiero para la CCSS, y fue presentada por el diputado socialcristiano Rafael Ortiz Fábrega, quien busca elevar en un 2% el costo de esos productos.
El plan, eso sí, camina a paso lento y aun sigue siendo analizado por los legisladores en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Sobre el tema, Albin Chaves, director de Farmacoepidemiología de la Caja, explicó, también a este diario, que el aumento en la tasa, en promedio, sería de un 2%, y no afectaría los niveles de consumo de estas bebidas, ni la producción, ni las fuentes de trabajo en esta industria.
De igual forma, iniciativas para que operadores de telecomunicaciones como el ICE, Movistar o Claro cobren a empresas como Netflix o Spotify por el uso de su infraestructura, termina de completar el listado de proyectos que subirían o crearían una nueva carga.
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En fila. Si por estatus de los proyectos se analiza la información, solo uno de ellos ha llegado a convertirse en Ley de la República. Se trata del proyecto número 19.234 (hoy Ley N° 9.355) que modificó varias normas para el financiamiento de la Asociación de la Cruz Roja Costarricense.
Este no fue considerado en el análisis de los proyectos.
Al mismo tiempo, son tres los proyectos que han mostrado avances más significativos y ya están siendo discutidos en el Plenario Legislativo por los congresistas.
Así, la mayoría de ellos se ubica a nivel de alguna comisión legislativa; espacio donde se estudia la forma y el fondo de los documentos.
En ese ambiente, se podría propiciar la modificación de algún artículo del texto por medio de mociones, así como recibir y escuchar a instituciones, personas o grupos interesados o afectados por el proyecto y también hacer consultas sobre los beneficios o perjuicios del texto.
Otros de los proyectos esperan el turno para ser asignados a algún tipo de comisión.