El Ministerio de Hacienda y sectores de la producción nacional acordaron en días pasados definir unos valores referenciales respecto de los precios mínimos de importación para efectos aduaneros.
Esta medida fue instrumentada mediante un decreto de Hacienda, que involucra de manera concreta a la Dirección General de Aduanas, para evitar que mediante prácticas de subfacturación se erosione la recaudación aduanera en términos de derechos arancelarios, así como se eviten los efectos de la competencia desleal.
Bajo este entorno, el sector privado ha manifestado los efectos que para sí comportan las prácticas abusivas de la subfacturación, como la más grave manifestación de delito aduanero, como es el contrabando.
Ahora bien, se enfoca en el decreto una lucha contra evasión en especial en el sector textil, sin que se descarte la incorporación que nuevas actividades económicas estén sufriendo. Parece que este es un paso en la dirección correcta; sin embargo, no podemos dejar de advertir que con la caída de los aranceles esto puede estar conllevando a un fenómeno pendular en las prácticas aduanales.
Este es el fenómeno de la sobrefacturación de mercancías, que por motivos de origen se benefician de las ventajas de un TLC.
Lo anterior establece que el detrimento de la evasión no se manifiesta en aduanas, pero es una clara erosión de la base imponible en el impuesto sobre la renta.
Lo anterior implica la baja en la recaudación de impuestos, pero también genera otra distorsión en la competitividad interna, que por supuesto no se limita a un sector de la economía, sino que generaliza sus efectos en un problema sistemático de carecer de normas que regulen las transacciones de comercio internacional.
La respuesta que otros países han aplicado al fenómeno de la internacionalización de las economías es, precisamente, un conjunto normativo integral y armónico de precios de transferencia, que se exima de sesgos sectoriales y de enfoques agravados a la importación por encima de las exigencias del sector exportador.
Al final, si pretendemos que las partes del mercado trabajen en función de una cancha nivelada, no podemos esperar que las acciones que se tomen vayan solo a lo obvio. También hacia lo que quizá carcome la condición recaudatoria y competitiva del país. Se requiere de normas legales. ¿Cuándo legislarán los legisladores?