Si en algo deberían estar de acuerdo tanto los defensores a ultranza de la banca estatal como sus principales críticos, es en el enorme riesgo económico y fiscal que representa el Banco de Costa Rica (BCR) en las manos de su actual Junta Directiva. Desde una lógica racional no se puede admitir tanta destrucción de valor; tanta impericia.
A nadie le sirve un banco que deje pérdidas, y menos uno que caiga en tan mala situación que no haya más remedio que salir a venderlo a precio de remate; al menos, no a nadie que piense de manera responsable.
Sin embargo, he ahí el BCR, el segundo banco más grande del país, sin un gerente general titular, pues Mario Barrenechea, el actual jerarca, está suspendido desde julio anterior. Hablemos también de las pocas esperanzas de que algún otro banquero de experiencia quiera meterse a dar un golpe de timón en la institución, pues a su órgano directivo no lo veo capaz ni de ponerse de acuerdo para un minuto de silencio, menos restituir el liderazgo necesario para sacar la carreta del atolladero.
En lugar de dedicarse a generar eficiencia, gobierno, transparencia, utilidades y solidez financiera, el órgano director del Banco de Costa Rica está ocupado –un día sí y el otro también– en responder por los créditos polémicos otorgados a Coopelesca para la compra de la hidroeléctrica Aguas Zarcas, y al Grupo JCB, para la importación de cemento desde China.
En vez de aportar la visión y tutelar el cumplimiento del plan estratégico, los personajes de esta trama cada día acercan más al Banco al precipicio de la desconfianza, la iliquidez y de las costosas estimaciones por créditos riesgosos. ¡Qué mal negocio para el accionista!
Eso, el superintendente de Entidades Financieras, Javier Cascante, ya se lo hizo saber a la Directiva y al mismo presidente de la República: hay un debilitamiento en la dirección del Banco, que de no corregirse, irá en detrimento de la gestión del negocio y de sus finanzas.
Para la Superintendencia, el problema va más allá, pues recuerda que los eventuales apuros del BCR se podrían convertir en un impacto para todo el sistema financiero, y yo le agrego que todo se pondría aún peor si fuera necesario poner a jugar la garantía estatal: un rescate de estas dimensiones tendría un impacto fiscal fulminante.