El país se encuentra inmerso en la importante discusión en torno a la necesidad de que exista un registro de beneficiarios finales de las figuras contractuales que usualmente se utilizan para detentar bienes y riqueza.
Estamos hablando no solamente de las sociedades mercantiles de capital (sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada); sino también de otras estructuras de naturaleza asociativa (como las fundaciones de interés privado) o incluso las que no originan una personalidad jurídica independiente, sino que constituyen contratos económicos que involucran la titularidad y/o administración de bienes (como los fideicomisos).
El nuevo presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), don Franco Arturo Pacheco, manifestó la semana pasada que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no pide específicamente la creación de un registro de accionistas (o beneficiarios finales) en los términos en que nos habían advertido las autoridades gubernamentales. Agrega don Franco que ninguno de los países pertenecientes a la OCDE tiene un registro como en que se pretende crear en nuestro medio.
La discusión entonces toma un giro distinto, pues si la OCDE no exige el registro de accionistas/beneficiarios finales, ¿por qué nuestras autoridades han pretendido que se trata de un requisito indispensable para que Costa Rica pueda formar parte de dicha organización?
En esto debe existir absoluta claridad por parte del Gobierno, pues no se vale esgrimir el discurso de “no es porque queramos hacerlo, sino que nos obligan a ello”, si tal exigencia en realidad no existe.
Debe mencionarse que actualmente existen mecanismos administrativos y judiciales para que este tipo de información sea revelada en casos de investigaciones concretas y justificadas.
La oposición de los empresarios no es a lo que ya existe, sino a la creación de un registro general, indiscriminado, incontrolable y al parecer carente de la justificación que indicaron sus propulsores.
Tiene razón el señor Pacheco en su apreciación: “Es injusto poner a Costa Rica a ser el conejillo de Indias en un tema como este”. Sobra decir que la ciudadanía en general merece una explicación oficial del “malentendido”.