La Contraloría General de la República (CGR) reprendió a cinco instituciones públicas por una serie de deficiencias en temas salariales durante el año pasado.
La entidad cuestionó el pago de sueldos de más a funcionarios, la escasa recuperación de estas sumas; y el crecimiento de partidas como horas extras, remuneraciones eventuales y suplencias.
Los entes cuestionados –tras la revisión de la liquidación financiera del 2012– fueron el Poder Judicial y los ministerios de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de Seguridad Pública, de Educación Pública y de Salud.
Asimismo a cada entidad les dictó plazos escalonados para correcciones, la publicación de normativa interna más rigurosa y la optmización de sus sistemas informáticos para llevar un mayor control en temas salariales.
Las instituciones que fueron auditadas rebatieron algunas de los datos catalogados como anómalos. Enfatizaron que representan un porcentaje menor de un 1% del total salarial y defendieron las rectificaciones realizadas.
Sin embargo, para la CGR son deficiencias que deben corregirse, pues causan un daño en el uso de recursos públicos.
Cuestionamientos. El pago de salarios de más ocurre, según el ente contralor, por inconsistencia en el registro en aspectos como sustituciones por incapacidad, falta de comunicación oportuna para el trámite de permisos sin goce de sueldo, ascensos, jubilaciones, cese de nombramientos o traslados.
“Hemos encontrado debilidades de control, errores en el registro de pagos que evidencian las inconsistencias (en temas salariales)”, afirmó Federico Castro, gerente de Administración Financiera de la Contraloría.
En el Poder Judicial dicho rubro creció un 50% al compararse el 2011 con el 2012. La entidad tiene un personal de más de 11.000 personas
“Dar por sentado que las sumas de más deben llevarse a cero es una afirmación correcta como aspiración. El porcentaje acumulado histórico de sumas de más, en relación con los montos cancelados por salarios, es muy bajo”, enfatizó Francisco Arroyo, director de Gestión Humana de la entidad.
La Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad informó, por escrito, que la recuperación de sumas pagadas de más lleva un proceso legal en el cual debe seguirse un mecanismo.
“Una vez detectadas las deudas totales e individuales de cada deudor, se procede a determinar cuáles de estas corresponden a montos exiguos. Luego se comunica al deudor que debe cancelar dicho monto. Se puede llegar a un arreglo de pago, o si no el proceso va hasta cobro judicial”, detalló dicha unidad.
En el MOPT la crítica más fuerte de la CGR fue por el pago de horas extras, por ¢675 millones, sin la adecuada justificación.
“Se esta haciendo un reglamento más rígido de control y, de momento, hay una restricción casi absoluta, que afecta la operación de la institución, pero obedece a la Contraloría, explicó Pedro Castro jerarca de la institución.