En la prolongada pelea por la apertura de los servicios de carga y descarga en los muelles de Limón, Japdeva acaba de ganarle un asalto a dos compañías estibadoras y al Sindicato de Trabajadores Portuarios y Ferroviarios de Limón (STPFL).
Lo anterior porque la Contraloría General de la República avaló el procedimiento de contratación directa que la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) utilizó para autorizar, el 4 de octubre pasado, la operación de siete empresas estibadoras.
Dicha autorización permitió que cinco nuevas compañías ingresaran en el mercado de la estiba en la zona atlántica (Industrias Acosol, Coopeunitrap, Seprosa, Procatsa y Estibadores del Caribe), luego de que esta actividad hubiera estado en manos de Estiba S.A., Cadesa y Coopeutba durante 26 años.
Sin embargo, el acuerdo de la Junta fue objetado por Estiba S.A., Coopeutba y el STPFL -cada una por aparte- ante el órgano contralor; se argumentaba que el pliego de condiciones para las empresas que aspiraran a manejar carga en los puertos aludidos tenía serias deficiencias.
Objeciones
Entre otros inconvenientes, se aducían estos: el cartel en cuestión no especifica tarifas mínimas, ausencia de requisitos técnicos completos y claros para seleccionar a los oferentes y no se establecían parámetros de evaluación de las compañías.
También se decía, aunque no en relación directa con el pliego, que hubo empresas que no presentaron ningún requisito, que otras no presentaron ofertas sino currículos, así como que de unas no se conocían las juntas directivas.
Por estos motivos, se le solicitó a la Contraloría la nulidad absoluta del procedimiento de contratación directa.
Sin embargo, esta entidad no halló razones de peso ni faltas formales que ameriten la nulidad solicitada por Estiba S.A., Coopeutba y el STPFL (sindicato de Timothy Scott). Así se lo comunicó por escrito José Gerardo Riba Bazo -director general de contratación administrativa- a Victoria León -presidenta ejecutiva de Japdeva- el 22 de enero anterior.
En este documento, Riba Bazo manifiesta que resulta "confusa" la participación del STPFL en el proceso de objeciones ante la Contraloría, ya que se trata de un sindicato y no de una empresa comercial. De allí que sugiere remitir este caso al Ministerio de Trabajo para que investigue si dicho gremio se ha dedicado a actividades comerciales impropias de su naturaleza, y de ser así se le apliquen las sanciones que manda la ley.