La Contraloría General de la República advirtió de un fuerte crecimiento de la partida de remuneraciones (salarios) en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Este rubro pasó de representar un 36,6% de los ingresos corrientes en el 2006, a un 55,9% en el 2010, advirtió la Contraloría, como parte de dos informes acerca del control del presupuesto en el INA.
Los informes detectaron problemas en el control contable del presupuesto de esa entidad, por lo cual se pidieron correcciones en diferentes departamentos del INA.
En la tarde de ayer, el presidente ejecutivo del Instituto, Olman Segura, aseguró que un programa de correcciones está en marcha desde meses atrás y que los problemas no ponen en peligro las finanzas.
Agregó que la autoridad presupuestaria autorizó un incremento de plazas en el 2007. Con ese programa aprobado, explicó, se pasó de 1.970 puestos a 3.022 plazas.
Además, en el 2008 se corrigió un tema de la ubicación de los salarios en percentiles, lo cual elevó la planilla, los aguinaldos y los salarios escolares, comentó Segura.
Detalló que el INA tiene ingresos de ¢70.000 millones anuales, procedentes del aporte patronal a la entidad. El Instituto posee en este momento un superávit acumulado de ¢15.000 millones.
Vigilancia. En general, la Contraloría afirmó que “los estados financieros no presentan una imagen fiel de la situación y el desempeño financiero” en el INA.
“Al examinar el control interno institucional y la razonabilidad del saldo de las cuentas de certificaciones al cobro judicial, cuentas por cobrar cuotas patronales, cuentas por cobrar empleados, estimación para cuentas de dudoso cobro, inventario, activo fijo, servicios personales y otras cuentas, se determinó una serie de debilidades en el establecimiento de sanas prácticas de control interno”, aseguró la Contraloría en su informe.
Segura dijo que dentro de las correcciones se trabaja en el cobro al 100% de los patronos que se encuentran morosos. Pero también reconoció que solo un poco más de la mitad de los montos adeudados es recuperable.
Detalló que se gestiona el cobro de ¢3.000 millones, de los cuales ¢710 millones van a cobro judicial, pero se calcula que apenas la mitad se puede recuperar.
“Al 100% se le hacen gestiones de cobro. Pero solo montos superiores a los ¢100.000 se llevan a cobro judicial, porque no es rentable cobrar así los inferiores por los costos de abogados y otros”, enfatizó.
La Contraloría emitió una serie de recomendaciones a diferentes unidades del INA, partiendo de la presidencia ejecutiva, para adecuar los controles contables a la exigencia de la Administración Pública. “Estamos ocupados y preocupados, pero no tenemos riesgo financiero”, dijo Segura al respecto.