La Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda aumentó el control sobre los grandes contribuyentes, que ahora están obligados a entregar la totalidad de la información de sus estados financieros auditados.
La nueva medida permitirá al fisco mayor acceso a los datos más relevantes de las 500 compañías sobre las que descansa, al menos, el 70% de la recaudación tributaria del país.
Un gran contribuyente es aquella compañía que pagó más de ¢250 millones en impuestos, durante los últimos tres periodos fiscales, según la definición del Ministerio de Hacienda.
Directriz. La resolución DGT-R-037-2013, del pasado 18 de octubre, obliga a las compañías a presentar información más detallada a la autoridad tributaria.
Desde el 2011, los grandes contribuyentes remitían dicho documento contable en papel, pero solo con el balance de situación y el estado de resultados. Ahora deben entregarse los documentos en forma digital y adjuntar el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, las notas explicativas sobre las políticas contables más significativas y demás anexos explicativos.
“El plazo de presentación de los estados financieros auditados para el período 2012 se extenderá hasta el 15 de diciembre del 2013. Para los períodos siguientes será dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del período fiscal”, dijo Carlos Vargas, jefe de Tributación.
Según expertos fiscales consultados por La Nación, la medida de Hacienda pretende identificar datos tributarios que sean relevantes para su fiscalización fiscal.
“Los auditores financieros están obligados a revelar todas las contingencias de las empresas. Estos deben reflejar la imagen real de las compañías”, comentó Randall Madriz, experto en temas tributarios del bufete Pacheco Coto.
Uno de los mandatos de la directriz es que las compañías no podrán entregar al fisco estados financieros consolidados. Si la firma posee subsidiarias, debe dar la documentación de forma individualizada.
“La información de los estados financieros permite realizar, más eficientemente, actuaciones de control tributario dirigidas a comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones (fiscales)”, expresó Germán Morales, de la firma Deloitte.