Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa acudieron a la Procuraduría General de la República para aclarar las dudas generadas por el cobro del marchamo 2016.
Los legisladores cuestionan que el Ministerio de Hacienda no realizara la consulta pública sobre la actualización del valor fiscal de los más de 1,3 millones de automóviles que deben pagar el derecho de circulación.
La tasación hecha es clave porque determina el costo del impuesto a la propiedad de vehículos que se cobra en el marchamo.
El viernes anterior, Hacienda publicó el decreto ejecutivo con el cual se actualizó el valor fiscal de los vehículos; esto, pese a que el marchamo se puso al cobro desde el pasado 23 de noviembre.
Mario Redondo, presidente de dicha comisión legislativa, enfatizó que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios ordena hacer público todo cambio impositivo, máxime si se genera una afectación al contribuyente.
“Nuestro objetivo es que la Procuraduría aclare si el Ministerio de Hacienda incumple el principio de publicidad en cambios tributarios”, explicó Redondo.
El diputado catalogó la decisión de Hacienda como un atropello a los contribuyentes.
Durante este año, el valor fiscal de los automóviles modelos 2002 al 2015 subió un 6%, frente al año pasado, tras la actualización impositiva de Hacienda.
Hasta las 4 p. m. de este lunes, 62.499 propietarios de vehículos habían pagado el derecho de circulación 2016. El Instituto Nacional de Seguros estima una recaudación total de ¢204.600 millones.
Urgencia. Hacienda argumentó razones de urgencia e interés público para no enviar a consulta la actualización de los valores fiscales, pese a reconocer una posible afectación al contribuyente.
El decreto ejecutivo señala que hay un plazo de 30 días para recurrir los nuevos valores fiscales, si un propietario se siente afectado por la actualización.
Adicionalmente, Marietta Montero, directora de Valoraciones Administrativas Tributación, explicó que la actualización del valor fiscal de los automóviles se fundamenta en un estudio técnico de análisis de mercado.
“Solo se debe publicar la lista de valores (fiscales) y no hacer ninguna publicación previa porque no estamos haciendo ninguna interpretación legal de la ley”, detalló Montero.
La funcionaria manifestó que, desde la creación del impuesto a la propiedad de vehículos, en 1987, siempre se han publicado los valores sin consultar previamente a los contribuyentes.