Una disputa legal en la empresa Gas Nacional Zeta S. A. genera un riesgo en la distribución de gas LPG en Costa Rica.
La compañía pasa por una serie de disputas judiciales, dentro y fuera de Costa Rica, vinculadas con un cambio en la Dirección General, las cuales afectan su operación en el país.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) confirmó ayer que hay atrasos en la distribución del gas LPG. Además, hizo una fiscalización en las dos principales plantas de la empresa, ubicadas en Cartago y Alajuela.
Carolina Mora, vocera de la Aresep, confirmó que el tercer plantel de la compañía en Bagaces, Guanacaste, opera con normalidad.
Miguel Monge, nuevo gerente regional de Gas Zeta, aseguró que trabajan fuertemente para garantizar un servicio de abastecimiento seguro y ágil.
Asimismo, en un comunicado de prensa señaló que, la semana pasada, fue necesaria la intervención policial para desalojar a Noel Bustillos, quien era el gerente de la compañía en el país.
Los cambios generaron ayer una manifestación de empleados de la empresa.
Sin embargo, Monge descartó que vayan a realizar despidos.
La operación de Gas Zeta es relevante pues provee de gas LPG al 71,5% del mercado nacional. Gas Tomza reparte el restante 28,5% del producto en el país, según datos de Aresep.
En el 2014, la venta de este carburante fue de 253 millones de litros, según la Refinadora Costarricense de Petróleo.
Las compañías industriales, de turismo y comercio consumen el 60% del producto; los hogares y sodas, el 32%, y los vehículos, el 8%, según una estimación hecha por La Nación en enero.
Intervención. El Gobierno garantizó el abastecimiento y distribución de gas en el país, así como la normalidad de la operación de las tres plantas envasadoras de Gas Zeta en el territorio nacional.
Víctor Morales, ministro de Trabajo, confirmó que mediarán para que no se afecte el servicio público de venta de gas LPG.
“La Fuerza Pública mantiene una observación de las plantas para prevenir cualquier acto que pueda afectar su funcionamiento normal”, recalcó Morales.
Irene Cañas, jerarca a. i. del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), dijo que del conflicto interno de la compañía, tienen información nueva casi a diario en la vía judicial.
“Son varias las instancias que analizan este caso (el de Gas Zeta) a nivel del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo desconoce cuál es el estado de los casos en análisis en los juzgados”, enfatizó Cañas.
El Minae se encarga de otorgar las concesiones de operación de las empresas distribuidoras de hidrocarburos en el país. Colaboró Álvaro Murillo