Dos intentos de desfalco y uno de lavado de dinero pusieron en vilo la imagen del Banco Popular durante el mes pasado, situaciones que, aunque fueron detectadas por la entidad, la obligó a rendir explicaciones a bancos corresponsales, socios comerciales, entes supervisores y clientes.
Los eventos pusieron a prueba los sistemas de control y el protocolo para evitar daños a la imagen y contagios al sistema financiero.
“Es necesario explicar que todos esos casos se detectaron internamente”, dijo Gerardo Porras, gerente de la entidad.
Según Porras, fueron los controles internos del Banco Popular los que permitieron dar con esas operaciones sospechosas, detenerlas y denunciarlas.
A mediados de marzo, una funcionaria de crédito en San Ramón fue detenida por la Fiscalía de Narcotráfico, que le atribuye legitimación de capitales (lavado).
Según Porras, este caso y los intentos de desfalco en las agencias de Puntarenas y Orotina, conocidos el 25 de marzo, fueron descubiertos por el banco.
“En el caso de San Ramón, lo importante es que todos los procedimientos se siguieron”, destacó el funcionario.
Francisco Lay, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), explicó que las instituciones bancarias son las responsables de conocer a su cliente, y para este efecto deben tener políticas internas de control.
En razón de esto, cada banco está obligado a realizar los reportes de aquellas operaciones que considere sospechosas.
No obstante, dijo que si alguna de las superintendencias (Sugeval, Supen, Sugese o Sugef) obtiene evidencia suficiente, puede pedir explicaciones a la entidad bancaria.
Tribunales. En cuanto al Popular, los casos ya están en manos de instancias judiciales. Porras agregó que, para este tipo de operaciones, actúan directamente con los organismos policiales.
Si hay una causa posible, el caso se envía al Ministerio Público. “El banco pone la denuncia y el antecedente. Sería muy difícil para los organismos policiales investigar desde el principio”, comentó.
El superintendente Lay explicó que existe la posibilidad de que un delincuente esté utilizando a varios sujetos fiscalizados (bancos) para sus actividades delictivas, lo que hace necesaria la presencia de políticas, procedimientos y controles para mitigar este “riesgo de contagio”.
Consultado sobre los casos similares reportados en el último año, Lay adujo que se trata de información confidencial.