El exgerente del Banco Anglo Costarrisence (BAC), Carlos Hernán Robles Macaya, podría volver al centro institucional La Reforma si se declara en firme una resolución del Juzgado Cuarto de Instrucción que ordenó prisión preventiva en su contra.
La disposición judicial, que fue confirmada ayer por el Departamento de Información y Relaciones Públicas del Poder Judicial, fue dictada el 26 de enero por el juez cuarto de instrucción, Ewald Acuña, y notificada a las partes el lunes pasado.
En octubre del año pasado el Juzgado Cuarto dictó prisión preventiva en contra del exgerente, pero no se hizo efectiva porque el imputado goza de una excarcelación otorgada el 14 de febrero de 1995 por el Juzgado Quinto de Instrucción y avalada por el Tribunal Superior de Apelaciones. Ese beneficio cubre los primeros hechos imputados, es decir, la supuesta compra y venta de títulos de deuda externa venezolana.
Sin embargo, esta vez la orden del juez se deriva del procesamiento de otros 70 delitos de peculado, relacionados con la presunta aprobación ilegal de igual cantidad de sobregiros. Los cargos contra Robles --71 en total-- fueron acusados por el Ministerio Público el 10 de octubre de 1995, 8 meses después de que Robles saliera de prisión.
La detención del exgerente sólo podría proceder si es confirmada por el Tribunal Superior Cuarto Penal (o Tribunal Superior de Apelaciones), una vez que los defensores del exgerente planteen su apelación.
¿Libertad o cárcel?
Ayer se intentó conocer la reacción del exgerente sobre la orden judicial; sin embargo, no devolvió las llamadas que se hicieron a su oficina. Su abogado defensor, Jorge Granados, adelantó que está preparando la apelación de la sentencia.
"El --Carlos Hernán-- no debería volver a prisión porque, después de un año de estar en libertad, ha cumplido fielmente con las condiciones que le han impuesto", comentó el abogado.
Sin embargo, el juez Acuña no considera conveniente su libertad. Al menos así lo manifestó, con base en jurisprudencia de la Sala Constitucional, en el auto de procesamiento, al cual tuvo acceso La Nación.
En el documento, el juez menciona, entre otros motivos, que "la alta penalidad con la cual se sanciona cada uno de los delitos imputados (...), aunada a la existencia de un auto de carácter represivo, el cual se encuentra firme, permite considerar razonablemente que podría procurar --Robles-- evadirse de la acción de la justicia".
Los hechos procesados corresponden a la aprobación, presuntamente ilegal, de 70 sobregiros. La mayoría de ellos otorgados al empresario Luis Fernando Chanto Carvajal, quien aún debe más de ¢1.000 millones al BAC.
También son cuestionados los créditos concedidos por el exgerente a las compañías del empresario Carlos Rodó Ortuño y del exdirector del Banco Nacional José Joaquín Jiménez.
Según el procesamiento, "se autorizaron sobregiros por varios millones de colones con garantías de simples letras de cambio, en las cuales el librado normalmente era la misma persona o empresa a la cual se concedía el sobregiro".
Además, el juez cuestiona que tienen fianzas de personas "ciertamente con prestigio social, pero carentes de ingresos fijos o bienes sobre los cuales hacer efectivos los avales otorgados".