A la administración del presidente Carlos Alvarado le corresponderá elegir, entre este mes de mayo y noviembre próximo, a la mitad de los miembros de las juntas directivas de las instituciones financieras públicas.
En total, deberán designarse en los próximos meses a 20 de 35 directores. De estos, al Consejo de Gobierno le tocará nombrar 17.
Las instituciones en las cuales vence el nombramiento de miembros de la directiva son el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), el Banco de Costa Rica (BCR), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Banco Popular y el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
En el BCR, los siete directores están de manera interina, desde el año pasado, y el nombramiento finalizará el 31 de mayo.
En el caso del Popular, a seis directores se les termina el periodo de cuatro años, entre junio y setiembre. Tres de ellos serán escogidos por la Asamblea de Trabajadores del Banco y tres por el Poder Ejecutivo.
En el INS y el BNCR son tres de los siete directores quienes finalizan sus funciones a finales de este mes. Mientras que en el Banco Central es solo un miembro a quien el nombramiento se le vence en noviembre próximo.
En todas las instituciones financieras públicas, excepto el Popular, los directores serán nombrados por un periodo de ocho años.
Los directores designados obtendrán una dieta bruta de ¢204.520 por cada sesión de junta, monto que equivale al 10% del salario de la contralora general de la República.
En el INS, el monto recibido por los directores en cada reunión es de ¢90.000, confirmó la aseguradora pública.
Nuevo contexto
La designación de los próximos directores se hará de acuerdo con las nuevas disposiciones del Reglamento sobre Idoneidad de los Miembros del Órgano de Dirección y de la Alta Gerencia de las Entidades Financieras que exige experiencia financiera, honestidad e integridad de quienes sean elegidos.
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La norma fue dictada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif) y comenzó a regir el pasado 14 de mayo.
El reglamento se publica después de un periodo turbulento en los gobiernos corporativos del Nacional, el BCR y en Bancrédito, durante los últimos tres años.
"Sí me parece hacer una sugerencia respetuosa al Gobierno de la conveniencia de designar a las personas idóneas a los cargos, debido a los desaciertos del pasado", recalcó Luis Carlos Delgado, presidente del Conassif.
El jerarca añadió que la sociedad no debe sufrir por la elección de personas con un perfil erróneo, en entidades con un peso relevante en la economía costarricense.
Casa Presidencial detalló que el mandatario Carlos Alvarado y los ministros relacionados con la actividad económica y bancaria están en el proceso de análisis de candidatos, quienes deben reunir los requisitos dictados por la nueva normativa del Conassif.
"Se sabe de los próximos vencimientos, por lo que se está trabajando en ello, el principal criterio de selección será la idoneidad. En todas las juntas directivas se respetará la paridad de género", recalcó Presidencia.
En abril del año pasado, el Gobierno de Luis Guillermo Solís destituyó en pleno a la junta del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) por la crisis de la entidad, la cual se encuentra en estos momentos intervenida y en proceso de cierre definitivo.
En el BCR, la directiva actual es interina, desde octubre del año pasado, tras la suspensión de cinco directores, y renuncia de otros dos, por las polémicas surgidas con las operaciones de financiamiento para la importación de cemento chino y la compra de una planta hidroeléctrica por parte de Coopelesca.
También en octubre del 2017, el Consejo de Gobierno sancionó con ocho días sin goce de salario a cinco directores del Banco Nacional, por su intención de acaparar las directivas de las subsidiarias de la entidad, en enero del 2016.
Condición diferenciada
La Directiva del BCCR también es elegida por el Consejo de Gobierno. Dos sillas están garantizadas de manera automática y las otras cinco debe ratificarlas el Congreso.
El presidente de la Junta, en este caso Rodrigo Cubero; y la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, ocuparán el cargo por cuatro años.
Mientras que los otros cinco miembros estarán el órgano colegiado por ocho años y deben ser ratificados por la Asamblea Legislativa. Se nombrará un miembro cada 18 meses.
La Ley Orgánica del Banco Central establece que los elegidos deben ser personas de: "absoluta solvencia moral y con amplia capacidad y experiencia en materia económica, financiera, bancaria y de administración".
En el caso del INS, el presidente ejecutivo de la institución es nombrado por el mismo periodo del Gobierno.
En este caso, Elian Villegas fue reelegido en el puesto por otros cuatro años, pues inició en el cargo en la administración de Luis Guillermo Solís.
"En la Junta se busca que haya complemento de capacidades. Por ejemplo, en este momento tenemos dos contadoras públicas porque es un tema relevante por el tema de control interno", detalló Villegas.
La legislación también establece que en la aseguradora estatal cambien tres de los directores en cada cambio de Gobierno, quienes serán nombrados por ocho años.
En el BCR debe decidirse el futuro de toda la junta
Uno de los retos más inmediatos para el Gobierno de Carlos Alvarado es definir el futuro de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR).
Dicho órgano de dirección es interino, desde octubre anterior, y el nombramiento de los siete miembros vence el próximo 31 de mayo.
La disputa en el seno de los directores propietarios, por los créditos a Juan Carlos Bolaños y Coopelesca, generó fuertes cuestionamientos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), sobre el abandono del control del BCR por parte de la Directiva.
"Contrario a las mejores prácticas bancarias, esta Superintendencia ha podido constatar que, en las últimas semanas, se observa un debilitamiento del gobierno corporativo del BCR, atribuible a la gestión de su órgano de dirección", recalcó la Sugef, en julio anterior.
Además, argumentó que si no se tomaban medidas inmediatas la gestión de negocios del Banco se resentiría, lo cual impactará la situación financiera y económica de la institución.
Los argumentos de la Superintendencia generaron el inicio de un proceso administrativo sancionatorio por parte del Poder Ejecutivo, cuyo trámite sigue abierto contra los directores Mónica Segnini, Paola Mora y Francisco Molina.
A ellos, el nombramiento en el banco estatal se les acaba el 31 de mayo del 2022.
Casa Presidencial detalló que los procesos contra los directores siguen abiertos y serán concluidos por el actual Consejo de Gobierno.
Además, el Poder Ejecutivo debe decidir si siguen suspendidos o pueden reintegrarse a sus funciones, antes de que finalice el proceso administrativo.
La Administración de Alvarado sí podrá designar en propiedad a cuatro directores. Primero, por la conclusión del periodo de ocho años de Evita Arguedas, durante este mes de mayo.
Además, por las renuncias presentadas por Alberto Raven, Ronald Solís y Gustavo Araya. Solís y Araya dejaron sus cargos en octubre del año pasado; mientras que Raven lo hizo en febrero pasado.
En abril anterior, el Ejecutivo de Luis Guillermo Solís detalló a La Nación que el nuevo Gobierno sería el encargado de definir el futuro de los nombramientos pendientes en el BCR.
"La suspensión de los miembros de la Directiva se amplió y quedó sujeta a la resolución de los procedimientos administrativos iniciados. Esta ampliación se acordó el 13 de marzo del 2018", detalló el Consejo de Gobierno de Solís, por escrito.
Además, confirmó, en ese momento, que el procedimiento contra Raven había quedado sin efecto, luego de su renuncia.
Asamblea de trabajadores elegirá tres cargos en el Banco Popular
La Asamblea de Trabajadores del Banco Popular elegirá, en el segundo semestre de este año, a tres miembros de la Junta Directiva de la institución pública, a quienes se les vence el nombramiento.
Se trata de Héctor Monge, actual presidente del órgano colegiado, y las directoras María Quesada y Alexandra Márquez.
A ambas directivas la designación de cuatro años les finaliza el próximo 1. ° de junio; mientras que a Monge, el 18 de setiembre.
A otros tres directivos se les vence el plazo en esta última fecha, pero serán nombrados por el Poder Ejecutivo. Se trata de Juan Carlos Zúñiga, Paola Chavarría y Lorena Altamirano, confirmó el Banco Popular.
Alfonso Molina, presidente del directorio nacional de la Asamblea de Trabajadores del Popular, explicó que los sectores con representación en el Banco están en el proceso de elección de los 290 delegados, quienes elegirán a los tres directores que ocuparán las sillas de este cuerpo colegiado.
Entre los sectores con representación están el solidarismo, el Magisterio Nacional, cooperativas, sindicales y trabajadores independientes.
“Cada persona interesada en postularse se dirige al plenario de delegados y delegadas, planteando sus calidades, su visión del deber ser de la institución, así como esboza sus planteamientos principales que guiarán su gestión”, detalló Molina.
Añadió que la escogencia se hará en estricto apego a las nuevas normas reglamentarias relacionadas con la idoneidad de los candidatos para ocupar la Directiva del Popular.
La Asamblea de Trabajadores ya inició el proceso para definir las políticas de evaluación para apegarse al reglamento del Conassif.