El Ministerio Público confirmó este miércoles que investiga una denuncia sobre un posible tráfico de influencias en un crédito otorgado por el Banco de Costa Rica (BCR) en el 2014.
El financiamiento por $32,7 millones se otorgó a Coopelesca para que le comprara el proyecto hidroeléctrico Aguas Zarcas a Holcim Costa Rica.
La operación se avaló en el momento en que Alberto Raven Odio era fiscal de la junta de la empresa cementera y también directivo en el BCR.
Además, la transacción de compra de la planta la hizo el bufete Zurcher, Odio y Raven del cual Raven es socio, según confirmó él mismo.
La denuncia penal anónima, de la cual tiene copia La Nación , se presentó el 26 de mayo anterior ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y se lleva bajo el expediente 17-48-1218-PE.
En el caso también se indaga a la entonces directora del Banco, Marta Eugenia Arrea Brenes, quien es prima de Manrique Arrea Jiménez, director ejecutivo de Holcim en ese momento.
Asimismo, se denunció a Mario Rivera Turcios, quien era el gerente general del BCR, y a Guillermo Quesada Oviedo, el subgerente.
Cuestionamientos. La denuncia ante la Fiscalía cuestiona un posible conflicto de intereses de los directores Raven y Arrea, por su relación con Holcim, y pide se investigue si habrían usado sus puestos para sacar provecho.
La Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca) inició la solicitud de crédito en mayo del 2014, cuando ambos ocupaban una silla en la Junta del Banco.
La Directiva del BCR conoció, el 8 de setiembre del 2014, el el informe del Comité de Crédito del Banco, que aprobó el préstamo a Coopelesca. En ese momento Arrea ya no era directora de la entidad.
A ella no fue posible contactarla este miércoles.
Por su parte, Raven, quien aún es director del BCR, descartó que hubiera mediado en la aprobación del crédito y obtenido algún beneficio directo; pero reconoció que sí estuvo en la sesión de junta donde se presentó el caso
“No hay tráfico de influencia porque no actué en beneficio de Coopelesca; como director no me toca aprobar el crédito y solo me di cuenta del préstamo cuando el Comité de Crédito lo aprobó”, indicó el funcionario.
También rechazó que tuviera que inhibirse para conocer el caso en la Directiva del BCR, porque el crédito se dio a Coopelesca y no tiene ningún tipo de relación con la cooperativa.
El director aceptó que en una sesión de la Directiva de Holcim conoció de la oferta de Coopelesca para comprar la planta. Luego volvió a saber del tema cuando llegó a la Junta del BCR.
Más cuestionamientos. La denuncia además expone que el financiamiento se otorgó pese a que había un litigio pendiente entre Holcim y Tico Fruit por el aprovechamiento del caudal hidráulico del proyecto.
Mario Rivera, exgerente del BCR, dijo que Coopelesca siempre fue un cliente triple A, sin atrasos en los pagos.
“Técnicamente era un crédito correcto y Coopelesca ganaba una serie de beneficios con la compra de esa planta”, recalcó.
Agregó que ese préstamo tenía una serie de ventajas: Coopelesca le compraba al Instituto Costarricense de Electricidad a $0,13 el kilovatio y con la generación propia el costo era de $0,06 esa unidad, aparte de que la cooperativa se convertía en grupo de interés económico individual con esa compra y pasaba a poder gestionar financiamiento por su cuenta.
En tanto, Guillermo Quesada, subgerente del banco, afirmó que no tenía potestad para aprobar créditos. Agregó que el Comité de Crédito técnicamente resuelve en función de la capacidad de pago y garantías a satisfacción del cliente.
Añadió que en este comité colegiado participan la gerencia general, subgerentes, directores o gerentes de Crédito, Riesgo, Comercial y Jurídico.
La Nación también consultó a Coopelesca, por medio de su oficina de comunicación, pero afirmaron que responderían este jueves en la mañana.
El 2 de mayo del 2014, Holcim anunció el inicio del proceso de venta de la hidroeléctrica, en un hecho relevante, el cual finalizó el 7 de octubre de ese año.
El costo de la venta fue de $35,3 millones. El BCR aportó financiamiento por $32,7 millones y el resto se pagó con un préstamo del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. Colaboró Marvin Barquero