Un impedimento de salida del país contra la exgerente del puesto de bolsa BICSA Valores, Sandra Pujol Mora, acusada por el supuesto uso irregular de $250.000 (unos ¢47 millones), fue dictado por el juez Carlos Alberto Jovel Sánchez.
Esta resolución fue emitida desde el seis de octubre pasado y rige por seis meses, mientras la denuncia judicial presentada por el presidente de la Corporación Banco Internacional de Costa Rica S.A. (BICSA), Jorge Sánchez Méndez, se tramita en el Juzgado de Instrucción de Goicoechea y Moravia.
Pujol Mora fue denunciada, en el proceso que presentó BICSA, por el supuesto delito de administración fraudulenta y falsificación de documentos públicos y privados.
Se le atribuye, en la denuncia judicial, el presunto uso de $250.000 -colocados en el puesto de bolsa BICSA Valores por al menos tres inversionistas- para realizar transacciones aparentemente personales. Por lo menos en uno de los casos, Pujol manejó personalmente, como corredora de bolsa -puesto que desempeñaba paralelamente al de gerente del puesto de bolsa-, la cuenta del cliente.
Para retirar los fondos de estas cuentas, la imputada habría acudido a la supuesta falsificación de firmas.
Sin reacción
Aunque ayer nuevamente se trató de localizar tanto a Pujol como al que aparece como su abogado, Jaime Amador Huezo, no fue posible conversar con ellos. En la oficina de Amador Huezo se dijo en todo momento que atendía diligencias fuera de la oficina.
Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción de Goicoechea preparaba ayer la citación para que Pujol se presente a declarar y con ello iniciar la indagatoria. Luego de que se presente la imputada, el Juzgado contará con seis días para decidir la situación jurídica del caso (procesamiento o desestimación de la denuncia).
Por otra parte, tampoco fue posible obtener la posición de la subcontralora general de la República, Aracelly Pacheco, sobre la resolución de Sala IV en la que ratifica que el vicepresidente del BICSA, Arturo Cuevillas, no está legalmente facultado para ejercer ese cargo. La interrogante surge sobre si exige la devolución de los sueldos obtenidos, la eventual consideración de ese ingreso para el cálculo de pensiones y otros puntos.
Los magistrados ratificaron la posición que, en ese sentido, había dado Pacheco en una primera resolución de la Contraloría. La ley establece que quienes han desempeñado en los dos años anteriores cargos de dirección o asesorías no pueden ejercer cargos administrativos de alta jerarquía.
La posición de la Contraloría también fue emitida con respaldo del entonces contralor, Elías Soley Soler, pero este tampoco pudo ser localizado para conocer su versión.