Empresas emisoras de tarjetas de crédito, casinos, prestamistas, casas de empeño y compañías dedicadas a la compra y venta de bienes inmuebles deben inscribirse ante la Sugef o de lo contrario, las entidades financieras les cerrarán sus cuentas bancarias.
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) informó, este martes 13 de noviembre, de que estiman la suscripción de 30.000 nuevos supervisados –entre personas y empresas– como parte de un proceso para fortalecer la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La lista también incluye las empresa y personas que se dediquen a la compra y venta de bienes inmuebles así como comerciantes de metales y piedras preciosas.
Además de abogados y contadores que participen en la compra y venta de bienes inmuebles, en la administración del dinero de sus clientes y en la compra y venta de personas jurídicas; y que brinden cualquier tipo de facilidad crediticia.
Las organizaciones sin fines de lucro, que tengan relación con países catalogados de riesgo, también deben registrarse.
La inscripción es obligatoria, se efectúa directamente en el sitio web de la Superintendencia y se requiere la firma digital. El proceso se debe completar entre enero y junio del 2019.
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“Los bancos y el resto de entidades financieras deben fijarse en la lista disponible en Sugef de los registrados. Si alguno (de sus clientes) no está inscrito deberán cerrarles las cuentas”, explicó Bernardo Alfaro, jerarca de la entidad supervisora.
Alfaro enfatizó en que la supervisión es solo de registro de actividades vulnerables al lavado de dinero y son las propias entidades financieras las encargadas de informar sobre movimientos atípicos.
“Cuando el banco corrobora que el cliente (sujeto a la nueva supervisión) está inscrito en Sugef puede continuar brindándole servicios”, explicó Alfaro.
Las nuevas disposiciones emanan de la reforma aprobada en mayo del 2017, a la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Los cambios legales se aprobaron después de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hizo una supervisión al país, en julio del 2015, y encontró debilidades en la prevención del lavado de activos en actividades económicas consideradas vulnerables.
Dichas actividades estaban, en ese momento, fuera de cualquier vigilancia financiera. Incluso, Costa Rica se expuso, en ese momento, a caer en una lista gris de países poco colaboradores contra el lavado y terrorismo.