El gasto para el pago de dietas a los siete miembros de la Junta Directiva del Banco Popular (BP) es tres veces mayor que los recursos utilizados por el Banco Nacional (BN) y el Banco de Costa Rica (BCR), dos entidades bancarias con las cuales comparte su naturaleza pública y la importancia sistémica en el sistema financiero.
El Banco Popular desembolsó ¢204,2 millones a los siete directivos durante el 2023. Con estos recursos se cubre su participación en las sesiones de la Junta Directiva o en cualquiera de los siete comités en los que los principales líderes de la entidad pública están involucrados.
En contraposición, el BCR pagó ¢69,5 millones a los siete miembros de su órgano director en el 2023, y en el caso del BN fueron ¢64,9 millones, según la liquidación presupuestaria presentada por los tres bancos a la Contraloría General de la República (CGR).
Esta diferencia se mantuvo durante los últimos cinco años y se prevé que se repita en el 2024. Para este año, el presupuesto aprobado por la Contraloría para dietas en el BP es de ¢212 millones, mientras que para el Nacional y el BCR es de ¢88 millones, en cada uno.
El órgano de dirección del Banco Popular está integrado por tres representantes estatales y cuatro designados por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular.
Actualmente, el Poder Ejecutivo tiene el dominio total de la Directiva de la entidad porque, desde agosto del 2022, nombró a las personas delegadas por la Asamblea de Trabajadores.
Razón de la diferencia
El BP alegó que la Ley Orgánica del Banco Popular permite a sus directores recibir un máximo de 12 dietas por mes, es decir, 144 al año, ya sea por reuniones de la Junta Directiva o en comités, explicó la Oficina de Comunicación Corporativa.
“La cantidad (de dietas) se determinó por la ley orgánica mencionada que data del año 1969 (...). Las sesiones realizadas son más de 12 mensuales, pero nunca se cancela más de 12 porque la ley no lo permite”, se indicó por escrito.
El reconocimiento máximo de dietas no ha sido modificado en 55 años desde su creación, a pesar de que la norma experimentó cambios en 1986 y 2002 en cuanto a los requisitos para ser parte de la Junta Directiva y la promoción de la equidad de género.
La cuantía por asistir a una sesión en la institución bancaria es de ¢210.365 por reunión, por director. Este monto se reduce a ¢178.810 luego de descontar el 15% correspondiente al impuesto sobre la renta. De esta manera, un director del Popular puede percibir ¢2.145.720 al mes, después de impuestos.
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) enfatizó que la propia entidad estableció la cuantía por asistir a sesiones y el límite de dietas a reconocer por mes a partir de su gobernanza.
Por otro lado, en el Banco Nacional (BN) y el Banco de Costa Rica (BCR), los directores se reúnen cinco veces al mes en la Junta Directiva, sumando un total de 60 reuniones al año, de acuerdo con lo que estipula la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional para los bancos de capital estatal.
En ninguno de estos dos bancos estatales se paga a los directivos por participar en comités, confirmaron ambas instituciones, por separado, a La Nación.
Además, en estas entidades se reconoce una dieta de ¢209.615 por sesión, la cual se reduce a ¢178.172 una vez descontado el impuesto sobre la renta. En consecuencia, una persona puede percibir ¢890.860 al mes por asistir a las cinco sesiones.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas modificó la dieta en las instituciones estatales de forma que sea equivalente al 10% del salario de la contralora general. Ahora corresponde al Consejo de Gobierno establecer el monto.
La reforma fiscal del 2018 también dictaminó que el total de dietas recibidas no puede superar, por mes, el equivalente a 10 salarios base mensuales de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública.
Pese a tener el mayor gasto por dietas, el Banco Popular experimenta varias deficiencias en la idoneidad de los miembros de su cuerpo colegiado.
En febrero pasado, La Nación reveló una primera parte de los resultados de la auditoría Reporte de Evaluación de idoneidad de Juntas Directivas, sus miembros y Altas Gerencias 2023, a cargo de KPMG, aplicada al Banco Popular y las subsidiarias, en la cual encontró debilidades en la idoneidad de los directivos del conglomerado.
La evaluación concluyó que Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, actual presidente de la Directiva de la entidad bancaria, y quien fue elegido por el Gobierno como representante estatal, incumple el requisito de experiencia para ejercer el cargo. Lo mismo ocurre con la directora María Clemencia Palomo Leitón, también nombrada por el Poder Ejecutivo.
Mientras, 21 de los 30 miembros de las juntas directivas de las subsidiarias del BP incumplen los criterios individuales de idoneidad establecidos para ocupar sus puestos.
Además, el año pasado, fue uno de los bancos que registró la caída más relevante en ganancias. Estas ascendieron a ¢15.746 millones, una disminución del 64,7% en comparación con los ¢44.625 millones del 2022.
El Popular es una de las cuatro entidades bancarias catalogadas como sistémicas por la Sugef. Esto quiere decir que tiene el poder de impactar todo el sistema financiero y la economía del país si, en un eventual escenario, sufriera un deterioro en su funcionamiento o cayera en insolvencia. Las otras entidades con dicho peso son el Banco Nacional, BAC Credomatic y el Banco de Costa Rica.
Tope del gasto
En la revisión realizada por este diario sobre los recursos presupuestados en dietas y los realmente devengados, se destaca que en el Banco Popular se usa casi todo el dinero destinado al pago de sus directivos.
Durante el 2023, la institución utilizó el 96% de los ¢211,2 millones autorizados por la Contraloría para las sesiones de sus directivos, es decir, ¢204,2 millones.
En el caso del BCR, la estimación fue de ¢140,8 millones, de los cuales se utilizó la mitad. Mientras, en el Banco Nacional se ejecutó el 74% de los ¢88 millones considerados durante el año pasado.
Las liquidaciones presupuestarias del Popular confirman que, entre el 2019 y 2023, el promedio de ejecución fue del 87%.
En el 2022, este porcentaje bajó al 74,3% debido a que la Junta Directiva de la institución no sesionó durante varios meses a la espera de los nombramientos de los directivos por parte del Gobierno.
Freno a petición
En mayo del 2018, antes de la aprobación de la reforma fiscal que limitó el pago de dietas en el sector público, el Banco Popular consultó a la Procuraduría General de la República (PGR) si era posible pagar más de 12 dietas por mes al sumar las sesiones en las que participan los miembros propietarios y los suplentes.
La respuesta de la PGR fue que el número máximo de sesiones remuneradas, tanto de la Directiva como de los comités, son 12 y esto aplica de manera conjunta para el directivo propietario y el suplente, incluso si participan en un número mayor de reuniones.
“Interpretar que es posible que los integrantes propietarios de la Junta Directiva asistan a unas sesiones (hasta agotar las sesiones remunerables) y que el suplente asista a otras (también remuneradas) iría en contra no solo de las finanzas de ese ente público no estatal, sino también de la integración homogénea del órgano colegiado”, destacó la entidad en el oficio C-091-2018.
La Procuraduría indicó que la ley del Banco Popular impone un límite máximo para percibir dietas, pero no para participar en sesiones.