La Asociación Fintech de Centroamérica y el Caribe acusó a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de aplicar interpretaciones sesgadas de las leyes que dificultan la operación de empresas del sector en Costa Rica y ahuyenta la inversión extranjera en el sector.
Roberto Ponce, presidente de la organización, afirmó que la entidad fiscalizadora establece restricciones y requisitos a las fintech (unión de financial y technology, en inglés) para dificultar su operación en el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe), creado y administrado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
“No se justifica el ataque (...). Opinamos que la Sugef tiene una agenda en contra de las fintech, ya que está exigiendo cosas que ni siquiera exige a los bancos, por ejemplo, para cumplir con certificaciones tecnológicas o requisitos exagerados de información. La industria está amenazada porque impone una restricción a los servicios que prestan las fintechs, particularmente el acceso al Sinpe”, aseguró Ponce.
El vocero de la industria se refirió al tema a raíz de consultas efectuadas por La Nación sobre los oficios de prevención enviados por la Sugef a las 11 empresas proveedoras de servicios de pago en Sinpe, en su mayoría fintech, en el sentido de que no están autorizadas a realizar intermediación financiera ni captación de dinero del público.
LEA MÁS: ‘Apps’ financieras crecen al margen de la banca y se cuelan entre las más descargadas
Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia, fue quien confirmó a este diario la advertencia hecha a las compañías en el primer trimestre de este año. La funcionaria no detalló si la medida se tomó por alguna actuación irregular de las empresas o por una denuncia.
Sin embargo, María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), confirmó que han efectuado gestiones ante las entidades reguladoras del sistema financiero por la operación que realizan las fintech y porque no cumplen con los requisitos exigidos al resto del instituciones supervisadas del sistema financiero como el encaje mínimo legal, el seguro de depósitos o reservas de liquidez.
Cerco regulatorio
Ponce cuestionó la posición de la Superintendencia de “tomar medidas arbitrarias” contra los negocios del sector, en vez de promover cambios normativos, si existen vacíos o contradicciones en la legislación actual.
“No existe en la legislación un delito por hacer captación. El delito tipificado es la intermediación financiera no autorizada por cuanto hacer captación, sin intermediación, no tiene ningún sentido. Parece que la Sugef está tratando de hacer interpretaciones extensivas sobre el tema de captación que no están claramente contenidas en la ley, en clara violación del principio de legalidad que le aplica como entidad pública”, afirmó el presidente de la Asociación.
El vocero añadió que las fintech registradas ante la Superintendencia reciben fondos de los clientes para hacer administración, y no captación de dinero.
“Sugef sigue teniendo un entendimiento sesgado en beneficio de la banca sobre los diferentes productos y soluciones que pueden operar las fintechs, en claro detrimento de los usuarios financieros de Costa Rica”, afirmó Ponce.
Añadió que las empresas de la industria solo brindan un servicio de administración de recursos, no se apropian de estos, como en el caso de la banca.