El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) cuenta con $320 millones ociosos, que no han podido ser utilizados en créditos a personas con dificultades de acceso a préstamos en el sistema bancario nacional.
Este monto corresponde al llamado “peaje bancario”, establecido en un 17% de los depósitos de cuenta corriente que los bancos privados entregan al SBD y pasan a formar el fondo de crédito para el desarrollo.
La ociosidad de los recursos fue reconocida ayer por Javier Flores, ministro de Agricultura y presidente del consejo rector del SBD, y también por Guillermo Quesada, gerente de Bancrédito, entidad que administra los recursos del SBD.
Limitaciones. Ambos funcionarios explicaron que limitaciones en la Ley N.° 8634, que dio vida al Sistema de Banca para el Desarrollo a finales del 2008, dificultan disponer de esos $320 millones.
En primera instancia, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) había advertido sobre la inconveniencia de utilizar ese dinero, al indicar que los recursos provienen de los usuarios que depositan su dinero en los bancos privados.
En segundo lugar, Quesada explicó que la Ley establece tasas de ganancia muy bajas para los bancos que sirven de intermediarios entre el potencial cliente y el SBD.
El funcionario dijo que esos tipos se fijan con base en la tasa básica pasiva (7,75%) o en la libor a un mes (0,26% al 26 de abril, según el Banco Central).
“Eso no cubre los costos de los bancos ni toma en cuenta los riesgos”, explicó Guillermo Quesada, quien reconoció la necesidad de reformar la Ley en aras de disponer, al menos, de un 1% del “peaje bancario” (cerca de $3,2 millones).
Este porcentaje pasaría al Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade), que “necesita ser nutrido para tener sostenibilidad en el largo plazo”, añadió Quesada.
Los fondos del Finade están orientados a promover el nacimiento o el fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Este es uno de los tres fondos del SBD.
Tanto Flores como Quesada reconocieron la importancia de que el nuevo Gobierno promueva una reforma a la Ley N.° 8634.