Dos proyectos de ley tendientes a integrar a los consumidores en la junta directiva de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), levantan roncha entre varios sectores involucrados, en especial porque en los dos casos se aprovecharía para incrementar el aporte para financiar a la entidad y se gravan las importaciones con ese mismo fin.
Una de las propuestas data del 2014 y fue presentado por la entonces diputada Anie Saborío y la otra fue recientemente puesta en la corriente legislativa con el apoyo de la legisladora Marlene Madrigal.
El objetivo central de los proyectos es cumplir con una resolución de la Sala IV, la cual ordenó dar participación a los consumidores en la junta directiva de la Corporación, al resolver una acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación de Consumidores Libres.
Sin embargo, las iniciativas pretenden aprovechar para modificar algunos otros aspectos en la ley de Conarroz. Los que más choque provocan se relacionan con el financiamiento de la Corporación, la cual recibe, actualmente, un 1,5% del valor del arroz entregado a la industria.
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Los proyectos proponen aumentar ese aporte al 2,5% compartido entre la agroindustria y los productores y uno de ellos establece un "aporte de compensación" del 5% sobre el valor de las importaciones por declaratoria de desabasto.
También se reduce la cantidad de miembros de la junta directiva de Conarroz y se ajustan asepectos como que las propias industrias arroceras sean las que realizan las pruebas de calidad del arroz que compran a los productores.
Ante ese panorama, Eduardo Rojas, representante de los industriales en la junta directiva de Conarroz, consideró que ninguno de los dos proyectos satisfase y, por tanto, la Corporación está trabajando en otra propuesta, la cual esperan tener lista en unas tres semanas. Agregó que se espera sea un proyecto de consenso.
En tanto, el presidente de la asociación Consumidores de Costa Rica, Erick Ulate, explicó que están totalemente de acuerdo con la integración de un representante de ese sector en Conarroz, pero advirtió de que no se ha aclarado cómo se nombrará. Añadió que eso se debe aclarar en la modificación a la ley.
Cambios necesarios
La legisladora Madrigal consideró que, por ejemplo, se debe dar a un ente aparte el análisis de la calidad del arroz, pues la ndustria es hasta ahora juez y parte en este tema.
Dijo que, además, el beneficio de los pequeños arroceros en los programas de Conarroz se dificulta, por ejemplo en el acceso a los insumos y la investigación, lo cual es paradójico, pues la Corporación se creó para favorecer a ese sector.
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También defendió un mayor aporte a la corporación para, precisamente, mejorar la tecnología mediante la investigación y ayudar a los más pequeños. Aseguró que la industria grande es la que se beneficia de las importaciones y, por tanto, se le exigiría un aporte del arroz internado con los mismos fines.
Sin embargo, Rojas adujo que aparte de la incorporación de los consumidores, la Corporación solo requiere de pocas modificaciones, pues su ley hasta ahora funciona bien.
Uno de esos cambios, explicó, es la autorización para usar parte de los recursos de la reserva de la entidad para asistir a pequeños arroceros afectados por situaciones del clima, como sucede hoy con los impactos de El Niño, el huracán Otto y la tormenta Nate.
Calculó que las recursos de ese fondo están cerca de los ¢3.000 millones y que se podría autorizar el uso de 50% de esa reserva.