Cámaras y organizaciones de los sectores productivos corren para obtener la legalización de trabajadores migrantes, en vista de que la prórroga de 10 meses a una amnistía concedida por el Gobierno para el cobro de multas vencerá el próximo 31 de julio.
La situación podría afectar a unos 200.000 extranjeros que laboran en el agro, la construcción y en servicios domésticos especialmente, según estimaciones realizadas en la Administración anterior, pero calificadas como bastantes reales por Kathya Rodríguez, directora de Migración.
El dato incluye a miles de migrantes que ingresan al país a partir de agosto, procedentes de Panamá y Nicaragua, para emplearse en la recolección del café, así como a cientos de obreros de la construcción y a un número no medido, pero que se estima es elevado, de mujeres contratadas para servicio doméstico.
La obligación de legalizar a los trabajadores extranjeros se estableció en el 2010. Desde entonces, por retrasos en el reglamento o por prórrogas, no se ha aplicado.
Las cámaras afirman que algunos requisitos, como la hoja de delincuencia y otros papeles, además del costo del trámite, han impedido hacer las legalizaciones.
En junio del 2013 se concedió una amnistía, que luego fue extendida por otros 10 meses, plazo que terminará al cierre de julio.
De mantenerse las condiciones actuales, a partir del 1.° de agosto se aplicarían multas a los patronos que incumplan la ley, con montos que van de ¢423.000 a ¢5.076.000.
La situación alertó a la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), que agrupa a la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica), a la Cámara Nacional de Bananeros y a firmas exportadoras de jugo de naranja. A ellos se sumó el Instituto del Café de Costa Rica (Icafé), sector con alta dependencia de mano de obra migrante.
Negociación. Ante la preocupación, Rodríguez confirmó que la semana pasada se acordó establecer un grupo de trabajo con representantes de varias entidades.
Esa comisión buscará soluciones a la medida de cada sector productivo, con la definición de condiciones tanto para jornadas completas, como para otras menores, de unos días o incluso por horas.
La ley permite este tipo de flexibilizaciones, algo que sería de gran provecho para poder inscribir a los trabajadores en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), coincidieron, por separado, Rodríguez y Mónica Segnini, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco).
Ana Lucía Ramírez, asesora legal de la Cámara Costarricense de la Construcción, dijo que pidieron a Migración procesos ágiles, ventanillas únicas y requisitos adaptados a este gremio, pues les es difícil cumplir la exigencia actual de que un peón tenga como mínimo seis meses con un mismo patrono.