A inicios de la década de 1990, la Unión Europea (UE) decidió imponer un arancel o impuesto de entrada de 176 euros por tonelada al banano latinoamericano.
El objetivo: proteger y resguardar el mercado para la fruta de sus excolonias y territorios de ultramar, denominados países de África, Caribe y el Pacífico (ACP). Entre ellos están Martinica y las islas Canarias.
A partir de ahí se abrió la “guerra” bananera, pues los latinoamericanos denunciaron la situación y la elevaron a conflicto en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Luego de casi dos décadas, en diciembre del 2009, se logró un acuerdo en la OMC. El pacto fue para bajar el arancel mediante un cronograma de 10 años, de los 176 euros por tonelada, a 114 euros por tonelada.
En este acuerdo, el impuesto está hoy en un consolidado de 127 euros por tonelada, según la Corporación Bananera Nacional (Corbana).
En octubre del 2007, en tanto, Centroamérica comenzó a negociar un acuerdo de asociación con la UE. El acceso para el banano se puso sobre la mesa.
Las negociaciones se cerraron en la madrugada del 19 de mayo del 2010, en Madrid, y uno de los logros centroamericanos fue el pacto frutero.
Se acordó reducir en 10 años el arancel a 75 euros por tonelada. En este momento, ese impuesto de entrada está en 103 euros por tonelada.
Corbana prevé que esto permita seguir con ventas al alza.