San José.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tuvo que bajar a la mitad las transferencias para ayudar a organizaciones agropecuarias privadas, pues el monto pasó de ¢2.250 millones en el 2015 (primer presupuesto propio de este Gobierno) a los ¢1.100 previstos para este año.
La situación se debe al recorte presupuestario de todos los ministerios, argumentó la oficial mayor del MAG, Ana Cristina Quirós.
En total, en los últimos ocho presupuestos (2010-2017) el Gobierno transfirió ¢14.784 millones a organizaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios, en un programa cuyo fin es promover la economía en las zonas de menor desarrollo relativo.
Si se compara el monto destinado este año a ese programa con el del 2010, cuando asumió la administración de Laura Chinchilla, los recursos bajaron casi 67%, pues pasaron de ¢5.512,9 millones a los mencionados ¢1.100 millones.
El programa beneficia a grupos organizados de pequeños y medianos agricultores, que tengan cédula jurídica y estén debidamente inscritos, y que postulen proyectos para la consideración dentro del plan.
Dentro de los beneficiarios están cooperativas, Centros Agrícolas Cantonales, asociaciones de productores, Municipalidades (generalmente para mejorar ferias del agricultor), centros de acopio y empacadores de granos.
Los recursos provienen del presupuesto nacional, pues se incluyen dentro de las partidas asignadas al MAG en ese plan de gastos.
El director superior de operaciones regionales del MAG, Fernando Vargas, consideró que este programa de transferencias ha dado grandes resultados en el impulso de proyectos productivos adecuados para las zonas de mejor desarrollo, con generación de empleo y riqueza en las poblaciones del país que más lo necesitan con base en los índices de desarrollo.
Guido Vargas, secretario general de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Upanacional), advirtió de que más allá de estas ayudas directas, los agricultores en Costa Rica se enfrentan a un tema de cómo elevar la competitividad. Por eso, analizó, se debe establecer una estrategia nacional en ese campo, lo cual requiere de mucha inversión.
"Mientras que la empresa grande está equipada con todo, los medianos y pequeños deben ver cómo alquilan la maquinaria, cómo se movilizan, como realizan el esfuerzo para produci y también cómo hacen la inversión en asistencia técnica, transferencia de tecnología e inteligencia de mercados, porque hasta hoy no alcanza, no se ha logrado que verdaderamente se pueda llegar a los anaqueles de los supermercados", señaló el dirigente.
Procedimiento
Vargas explicó que las organizaciones son las que deben presentar a concurso sus proyectos en las oficinas del MAG en todo el país, se puede decir que a escala cantonal. Los planes se deben elaborar mediante el uso de una guía metodológica establecida específicamente para este caso.
El proyecto presentado recibe una primera evaluación por parte del comité sectorial local, integrado por representantes de todas las entidades públicas agropecuarias presentes en el cantón.
Se evalúa si el plan es adecuado para la zona específica, si tiene impacto, si genera valor agregado, si va necesitar de mano de obra (generador de empleo) y si es aceptado o calza dentro de estrategia de la administración de turno.
Después de esta primer defensa y evaluación, el proyecto que está en concurso pasa a conocimiento del Comité Sectorial Agropecuario Regional, donde se realiza la segunda valoración. En esta instancia existen, en algunos casos, comités de evaluación especializados.
Tras esa segunda instancia, la propuesta se elevará a Unidad de Planificación Institucional del MAG, si es que recibe el aval. Una vez en esa unidad del ministerio, es evaluado por los analistas especializados de proyectos. Se le da un puntaje y se ubica en un ránquin, el cual se presenta ante el despacho del ministro, donde se determinan cuántos se aprobarán, tanto por orden de calificación como por la cantidad de recursos disponibles.
Quirós y Vargas informaron de que actualmente hay en espera un banco de 40 proyectos propuestos, con una inversión total de unos ¢5.000 millones.