El Gobierno anunció anoche que la liberalización del precio del arroz, prevista mediante un decreto para el 1°. de marzo del 2014, se pospuso durante seis meses.
La medida se tomó porque la elaboración de un mecanismo alternativo al de fijación de precios, está muy atrasada, argumentó la Ministra de Agricultura y Ganadería (MAG), Gloria Abraham.
En tanto, Erick Ulate, presidente del grupo Consumidores de Costa Rica, advirtió que es una noticia inaceptable y que refleja el poco interés del Gobierno en ayudar a bajar el precio del arroz de una vez por todas.
Este grupo ha presionado porque la liberalización sea de inmediato y no hasta marzo, mientras que los productores del grano amenazaron con marchas y con traer maquinaria (cosechadoras, tractores y camiones) a San José.
A escala internacional, países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) amenazan con una denuncia contra Costa Rica, porque el traslado de dinero del consumidor al productor se considera un subsidio que excede los límites autorizados. En el 2011, ese subsidio se calculó en $104 millones, mientras el monto avalado a Costa Rica era de $15,94 millones anuales.
El Ministerio de Comercio Exterior denunció en varias ocasiones la presión y la posibilidad de esa denuncia internacional.
El viceministro del Comex, Fernando Ocampo, explicó anoche que prefieren revisar el contenido del nuevo decreto.
El arroz es el único producto cuyo precio se fija por ley en Costa Rica. El Gobierno mediante un decreto establece el valor para la calidad con 20% de grano quebrado. Un mandato ejecutivo del 20 de mayo del 2013 había establecido la liberalización a partir de marzo del 2014.
Judicial. Ulate recordó que Consumidores Libres presentó una denuncia contra la fijación de precios del arroz en el Tribunal Contencioso Administrativo. El sector arrocero también tiene en esa instancia judicial otro proceso.
“Para nosotros la vía judicial es la que se tiene que seguir manteniendo; somos claros en el juicio contra el Poder Ejecutivo. La fijación (del precio) es ilegal, no tiene bases técnicas”, dijo Ulate.
Sin embargo, para la ministra Abraham no hay ni los consensos ni los elementos metodológicos para tener ese mecanismo alternativo que permita dejar sin efecto la fijación del valor del cereal.