Por medio de un fideicomiso, el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) asumió créditos morosos de productores de piña por ¢1.209 millones, que corresponden a 30 transacciones.
Además, analiza otras 142 solicitudes presentadas por piñeros que no lograron pagar los préstamos. El monto de estas operaciones aún se desconoce.
Otros 29 casos no fueron tramitados pues son de la fundación Proagroin, que no tiene personería jurídica vigente y será demandada, según dijo Luis Arias, uno de los afectados.
Todos ellos son piñeros que, a partir de la crisis del 2008 y la consecuente caída en las ventas, entraron en morosidad con sus préstamos.
El fideicomiso fue aprobado en julio del 2014 y está en manos del Banco de Costa Rica; cuenta con ¢2.500 millones aportados del superávit del Inder, así como otros ¢1.000 millones que sacó el Ministerio de Hacienda del Presupuesto Nacional.
El Inder adquiere la obligación atrasada de productores con bancos públicos y privados, cooperativas y fundaciones.
Se hará un nuevo contrato de la deuda a 25 años plazo, con una tasa de interés fija del 8% y con cinco años de gracia, explicó el presidente ejecutivo del Inder, Ricardo Rodríguez.
El monto máximo por transacción es de ¢50 millones. También se abrió un rubro para recuperación de fincas ya rematadas, con un monto máximo de ¢70 millones por cada caso.
El funcionario aseguró que no es una cartera riesgosa, pues un equipo multidisciplinario hará un estudio previo y, además, cada caso debe tener una hipoteca (garantía de terrenos) con un valor que cubre el préstamo.
Heredado. La propuesta y definición del fideicomiso se realizó en el Gobierno anterior, en respuesta a las protestas de unos 450 productores de piña que tenían pagos atrasados por un monto estimado de ¢7.000 millones.
Erick Quirós, quien fue director superior de Operaciones Regionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), dijo que la Administración Chinchilla identificó los casos antes de decidir crear el fideicomiso.
El problema con las deudas de los piñeros se conoció desde marzo del 2011, cuando unos 250 productores de la zona norte denunciaron que estaban a punto de perder sus tierras.
En junio del 2013 circuló la versión de que los acreedores ya habían tomado algunas tierras al ejecutar las garantías.
El MAG asumió el asunto y comenzó a buscar salidas con los bancos y otros acreedores que rechazaron readecuar las deudas.
Entonces apareció la figura del fideicomiso en el Inder.
Quirós detalló que una de las preocupaciones que quedaba al establecer esa figura era sobre los ingresos de los agricultores para poder enfrentar la nueva deuda.
Al respecto, Rodríguez detalló que trabajan con el MAG para proponer actividades productivas y dar asesoramiento, pero que eso no es responsabilidad directa de las entidades.
En el caso de los piñeros, circulan denuncias desde el 2011 según las cuales muchos dedicaron los préstamos a otras actividades y no al cultivo de piña.
Según Rodríguez, se investiga si efectivamente hubo otros usos para los fondos. De ser así, se descalifica esa solicitud. Al momento se han rechazado 38 casos.