El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) reconoció ayer que el acuerdo del sábado con los arroceros para prorrogar por un año la fijación del precio, expone al país, de nuevo, a una eventual denuncia en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El Comex advirtió que varios países miembros de la OMC criticaron la fijación de precios (la única que queda en Costa Rica), porque se considera un subsidio y se están violando límites definidos.
El máximo acordado para el subsidio al sector es de $15,94 millones anuales pero para el 2013 se calcula en $75 millones. La violación del acuerdo es motivo para una denuncia, que podría generar sanciones contra exportaciones costarricenses a algunos socios.
Los ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG) y de Economía, Industria y Comercio (MEIC) negaron ayer que el pacto alcanzado con los arroceros sea una variación de sus políticas, pues mantienen la decisión de eliminar la fijación de precios.
El sábado pasado, el Gobierno otorgó una segunda prórroga, también de seis meses, para la aplicación de un decreto publicado en mayo del 2013 en el cual se eliminaba el mecanismo de fijación de precios al arroz el 1° de marzo del 2014.
La primera prórroga se acordó el 20 de diciembre y la segunda el 11 de enero pasado. Esto da un año más antes de aplicar la medida.
Los acuerdos se dieron luego de las amenazas de los arroceros de traer a la capital cosechadoras y camiones para protestar.
Explicable. Las ministras Gloria Abraham, del MAG, y Mayi Antillón, del MEIC, afirmaron que se mantiene la posición de eliminar la fijación de precio. Solo se otorgó una prórroga, en reconocimiento a la necesidad de tener un mecanismo de transición que no está listo.
Las dos jerarcas consideran que eso se puede explicar a los socios comerciales en la OMC.
Óscar Campos, líder de los productores de arroz, confía en que el plazo logrado les permitirá trasladar la negociación al nuevo gobierno (asume el 8 de mayo próximo), que cree, tendrá más respeto para el sector agropecuario.
Los consumidores, en tanto, no apuestan a una solución política al conflicto alrededor del grano. Erick Ulate, presidente del grupo Consumidores de Costa Rica, dijo que aguardan una resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, ante el cual demandaron la liberalización inmediata del precio.
El sector arrocero tiene en ese tribunal otro proceso, con el que solicita que se mantenga la fijación.
El país importaba cerca del 50% del grano, cifra que bajó en los últimos años porque se estimuló la siembra. Ahora Costa Rica autoriza traer el desabasto en granza y sin pagar el arancel del 35% para mantener a la industria. Pero en los últimos años, pese al pago del impuesto, resulta rentable traer grano pilado (sin cáscara).