La Contraloría General de la República (CGR) alertó ayer sobre la alta morosidad del programa de Dotación de Tierras en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
Según el informe de fiscalización, DFOE-EC-IF-09-2013, de los ¢6.445,6 millones que adeudan a la institución, el 56% estaba en mora al 31 de diciembre del 2012.
A esa fecha había 11.919 beneficiarios de este proyecto que da parcelas para cultivo a agricultores en zonas rurales, quienes pagan por la adjudicación de estos terrenos.
“Encontramos una serie de debilidades en la gestión de cobro del Inder, donde se determinó que la institución no cuenta con una estructura adecuada para realizar dicha función”, explicó Manuel Corrales, gerente del Área de Servicios Económicos de la Contraloría.
El ente contralor dio un plazo de seis meses, una vez notificado el estudio, para que el Inder establezca un plan para bajar la morosidad.
En el Inder declinaron referirse al informe de la Contraloría. La Junta Directiva de la entidad analiza el documento y dará una versión oficial sobre el tema durante esta semana, indicó ayer Emilia Mora, vocera de la entidad.
Procesos onerosos. Por otra parte, el Inder enfrenta un riesgo de insolvencia financiera ante el eventual pago de indemnizaciones, producto de juicios pendientes por la expropiación de territorios indígenas, según la Contraloría.
Actualmente, la institución enfrenta 13 procesos judiciales según confirmó su propia Unidad Jurídica, cuyas indemnizaciones superarían los ¢35.000 millones.
De hacer frente a dichos pagos, el desembolso significaría casi 60% del total de los activos de la entidad encargada del desarrollo rural, ilustra el informe de fiscalización.
La Contraloría considera que existe la posibilidad de tener que enfrentar dichas indemnizaciones, dado que, en el 2012, el Inder fue condenado al pago de ¢6.114 millones por un caso similar.
En ese momento, el Ministerio de Hacienda se hizo cargo del pago. Sin embargo, en un oficio del 18 de abril anterior, la Autoridad Presupuestaria advirtió al Inder que deberá realizar los ajustes presupuestarios necesarios para atender las eventuales indemnizaciones.