San José.
Costa Rica se encuentra ya en los límites permitidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC) para trasladar subsidios al sector arrocero mediante la fijación de precios, de acuerdo con los cálculos para los últimos dos años realizados por el Ministerio de Comercio Exterior (Comex).
Así se conoció en una mesa redonda acerca del tema de fijación de precios para ese alimento, realizada en la mañana del martes 13 de junio.
De esa manera, el país sale del rango de incumplimiento de los límites para ese subsidio, por lo cual tenía advertencias de varios países en el Comité de Agricultura de la OMC desde el 2007.
Esas naciones solicitaban la eliminación de esa distorsión al comercio y amenazaron con una eventual denuncia en el sistema multilateral de solución de controversias de ese organismo internacional.
DEL ARCHIVO: Socios de OMC suben presión contra subsidio a arroceros
Henry Benavides, coordinador del área de Agricultura en el Comex, ratificó en la tarde del martes que en el 2015 los subdisios al arroz (conocidos en la OMC como medida global de ayuda) ascendieron a $4 millones, mientras que el límite establecido por el organismo multilateral para Costa Rica es de $15,9 millones anuales.
Aunque no detalló la suma para el 2016, pues todavía no se ha notificado a la OMC, Benavides aseguró que estará cerca de cero.
Juan Ricardo Fernández, presidente de la asociación Consumidores Libres, criticó los cálculos del Comex y aseguró que este gobierno "duerme en la misma cama" con los arroceros.
Recordó que en el 2014 la suma trasladada por los consumidores a los arroceros, como consecuencia de la fijación de precios, fue de $78 millones y que extrañamente se logró reducir a apenas $4 millones en el 2015. Eso se consiguió simplemente con un cambio de metodología que acordaron el Gobierno y la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), advirtió Fernández.
Efectivamente, Benavides detalló que el impacto a la baja se logró mediante un cambio de estrategia, que pasó de una fijación de precios para el productor a un precio de referencia para el productor.
El efecto de ese cambio se comenzó a sentir en marzo del 2015, y su impacto más fuerte se dio al determinar el subsidio o ayuda global al final de ese año, señaló Benavides.
No obstante, Fernández concluyó que la política de fijación de precios para ese grano distorsiona el mercado, limita la eficiencia en la producción local e incentiva las importaciones del cereal, que se convierte en un negocio para las industrias y no beneficia ni a los productores costarricenses ni a los consumidores.
LEA TAMBIÉN: Arroz debería ser 10% más barato, según estudio de la Cámara de Comercio
El arroz es el único producto que tiene en Costa Rica fijación de precios mediante decreto.
Del consumo total de ese alimento, alrededor del 60% se cosecha en el país y un 40% se debe importar. Conarroz y el Gobierno definen anualmente el volumen de desabastecimiento tras estimar la cosecha y las existencias. Esa diferencia (desabastecimiento) permite traer desde el exterior sin pagar los aranceles, o impuestos de entrada, que están en 35%.
Erick Ulate, presidente de la asociación Consumidores de Costa Rica, dijo que, independientemente de superar el peligro internacional por fijar el valor del grano, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) debe castigar o sancionar a quien venda por encima del precio establecido y no a quien logre vender por debajo de ese valor.
También solicitó derogar un decreto en el cual se prohíbe la práctica denominado "bandeo", mediante la cual se añadía a la bolsa de arroz un producto de regalía (aceite, pasta de tomate, pastas alimenticias u otros), pegada con una cinta adhesiva.
DE INTERÉS: Gobierno prohíbe adicionar otros productos como regalía a ventas de arroz
Fernández y Ulate reconocieron en entrevistas por separado que en este gobierno es prácticamente imposible un cambio en la politica de fijación de precios al arroz, tanto por la estrategia política, como por el poco tiempo que le queda a la administración.
Por eso, centran la lucha en que se permita vender a un precio menor al fijado y en que se autoricen las prácticas de bandeo, según dicen, en beneficio del consumidor.