El Ministerio de Trabajo recomendó a la presidenta de la República, Laura Chinchilla, que 10 empresas públicas trasladen un 5% de sus utilidades al fondo del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Las 10 empresas son: Correos de Costa Rica, Recope, el Sistema Nacional de Radio y Televisión, el ICE, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, el INS, la Editorial Costa Rica, el Banco Nacional, el de Costa Rica y Bancrédito.
Del fondo del IVM dependen las pensiones de los asalariados.
El Ministerio hizo la recomendación obligado por la Sala Constitucional, la cual ordenó definir dicho porcentaje, como lo establece la Ley de Protección al Trabajador.
¿Por qué 5%? La ministra de Trabajo, Sandra Pisk, reconoció que no había información para definir este porcentaje y optaron por el límite mínimo con el cual la Caja recomendó iniciar, que era el 5%.
El Ministerio no tiene una estimación de cuánto significa ese 5%.
“Reconozco que hemos tenido que trabajar sin contar con toda la información”, dijo ayer Pisk.
Este diario realizó una estimación con base en la liquidación de presupuestos que realizaron las entidades ante la Contraloría General de la República en el 2009.
Según dicha estimación, en el 2009 el 5% de las utilidades de estas 10 empresas públicas hubieran representado casi ¢37.000 millones o $71 millones a un tipo de cambio de ¢518 por dólar.
Este monto representa un 3% del fondo del régimen, que asciende a unos $2.300 millones.
Un 15%, que es el límite máximo, serían unos $215 millones, casi un 9% de este fondo.
En la carta que Pisk envió a la Presidenta señala que tomaron en cuenta el estudio actuarial que realizó la Caja en el 2006 y la validación sobre el mismo que hizo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 2009.
Según el estudio actuarial de la Caja, el fondo del régimen de IVM es sostenible, sin utilizar las reservas, hasta el 2037, y según la OIT, hasta el 2038.
La Caja planea hacer otro estudio actuarial tras el censo 2011.
Además, considera el impacto en las entidades.
No se tomó en cuenta el estudio actuarial que realizó la empresa Nathal Actuarios y Consultores, el cual determinó que el fondo es sostenible hasta el año 2018 sin usar las reservas.
Las autoridades de la Caja decidieron prescindir del estudio en la documentación remitida.
Ayer el Gobierno señaló también que firmó un convenio con la Caja para atender una deuda por ¢83.000 millones del Estado por la atención de la Caja a la población indigente y vulnerable.