Un grupo de 34 países cuestionó el jueves pasado en la Organización Mundial del Comercio (OMC) el exceso de subsidios que Costa Rica entrega a los arroceros.
Los miembros de la OMC se refieren a que Costa Rica tiene un tope de $15,9 millones anuales en subsidios agrícolas que distorsionan el comercio y la producción.
Pero desde el 2007 viene violando ese monto al establecer el precio al arroz, pues la OMC fija un valor base para ese cereal.
Se calcula que este año ese monto superará los $100 millones.
Las advertencias pueden derivar en una denuncia contra el país en la OMC, detalló ayer el Ministerio de Comercio Exterior (Comex).
Para eso, uno de los socios comerciales activa el mecanismo de solución de controversias.
La denuncia pasa a una fase de consultas, en la cual las partes pueden ponerse de acuerdo. De no ser así, la denuncia la resuelve un panel de árbitros, que puede ordenar sanciones a las exportaciones y puede incluir cualquier producto.
Mucho tiempo. Ronald Saborío, embajador permanente de Costa Rica ante la OMC, explicó ayer que el 24 de setiembre del 2009, Estados Unidos, Canadá y Australia presentaron la primera inquietud acerca de este caso en el Comité de Agricultura de esa organización.
En otra reunión del comité, el 10 de marzo pasado, se unió Uruguay y en la reunión del miércoles pasado se adhirieron Tailandia , Nueva Zelanda, Paquistán y la comisión Europea en representación de los 27 miembros de la Unión Europea (UE), informó Saborío.
La ministra de Comercio Exterior (Comex), Anabel González, el viceministro, Fernando Ocampo, y Saborío dijeron que es inminente una denuncia contra el país por ese incumplimiento desde el 2007.
Según Saborío, Estados Unidos fue vehemente durante una reunión bilateral que pidió .
En tanto, González dijo que una comisión de viceministros trabaja en la búsqueda de una solución al problema. Detalló que se espera tenerla lista lo más pronto posible.
La ministra de Agricultura y Ganadería (MAG), Gloria Abraham, reconoció, por su lado, que la propuesta no se ha presentado formalmente al sector arrocero.
El plan debe ir por sustituir la fijación de precios del arroz por ley por una serie de incentivos permitidos en la OMC, la cual puede incluir subsidios directos.
Los arroceros rechazan esos subsidios porque, afirman, no se les pagarán porque el Gobierno no cuenta con recursos para ello.