El 8 de marzo, un día después de la conversación con la directora del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), Cindy Coto, la Sala IV dio aval a la reforma a la ley de tránsito. El cambio, según la jerarca, hará aplicable y operativas las normas contra la conducción en estado de ebriedad, pues desde el momento en que un chofer se niegue a someterse a la prueba de alcohol recibirá una multa de ¢306.850, la más alta, y todo el proceso quedará en vía administrativa y no judicial.
"Lo que más nos duele a los costarricenses es la bolsa, entonces cuando se ponga esa multa, la gente va a empezar a sentir", dijo.