Si usted consulta en la armería El Hispano por el precio de una pistola 9 milímetros (mm) marca Ruger, modelo American Pistol 8608, le informarán que tiene un costo de $1.000 (¢606.000) en efectivo y $1.150 (¢697.000) con tarjeta de crédito.

Sin embargo, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) le iba a comprar 195 de esas armas en $1.560 (¢945.000) cada una, en setiembre pasado.

Y lo iba a hacer mediante una contratación directa, de oferente único, en la que no se le permitió a nadie más concursar.

En total, por esa compra iba a desembolsar unos $304.000, poco más de ¢184 millones (al tipo de cambio actual), mientras que en la tienda la misma cantidad de armas costaría $224.000, es decir, unos ¢136 millones. La diferencia entre el precio ofrecido al público y el cobrado al Sinac rondaba los ¢48 millones (un 35% más).

No obstante, el 9 de noviembre anterior, a pocos días de que la compra y la entrega del armamento se hiciera efectiva, la transacción fue frenada por la directora ejecutiva del Sinac, Grettel Vega, quien a su vez presentó una denuncia “por posibles irregularidades” ante la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José.

“Se inició toda esta gestión porque la señora viceministra (de Gestión Ambiente), Celeste López, recibió una denuncia anónima. Ella me lo hizo saber y yo de inmediato procedí con todas las acciones que había que tomar ante una posible irregularidad”, dijo la jerarca del Sinac, quien precisó que otra compra hecha a la misma armería, en octubre del 2017, también es investigada.

En el Ministerio Público, la causa se investiga bajo el expediente 18-000827-0619-PE y es por el presunto delito de tráfico de influencias, según confirmó la oficina de prensa de esa institución.

Tanto Vega como López declinaron dar más detalles sobre el proceso y sobre el contenido de la denuncia.

Este medio contactó al dueño de El Hispano, Randall Gazel, a quien se le hicieron múltiples llamadas a su teléfono celular y se le enviaron varios mensajes de texto, en los cuales se le indicó que era para hablar sobre la venta de armas al Sinac.

Él no respondió ninguno de los mensajes y en la única llamada que contestó, dijo que no podía hablar y colgó segundos después de que un periodista de La Nación se identificó como tal.

Por encima de otras compras en el Estado

El precio cobrado por El Hispano al Sinac también supera con creces los montos que normalmente paga el Estado por un arma 9 mm. Así se puede corroborar en un estudio de precios que la Subdirección General de la Fuerza Pública realizó de previo a una compra de pistolas de ese tipo.

En ese documento se consignó que durante los últimos dos años, los entes estatales pagaron por cada arma de ese calibre ¢568.000 ($937), en promedio, alrededor de ¢375.000 ($620) menos que los $1.560 cobrados por El Hispano.

Incluso, el precio de los $1.560 es sin impuestos, ya que las armas para los grupos de seguridad del Estado, como en este caso los guardaparques, están exoneradas, mientras que los $1.150 que cobra El Hispano, en su tienda, sí incluyen un 13% del tributo de ventas.

Una marcada diferencia de precios también se muestra entre una compra previa que hecha por el Sinac a esa misma armería en octubre del 2017 y la que se congeló en setiembre pasado.

En la primera adquisición, por cada 9 mm, pagó $1.400 (¢848.000), $160 menos que los ¢1.560 que ahora se estaba cobrado.

Oferente único bajo estudio

Uno de los aspectos que se investiga es la modalidad de contratación que se utilizó para la compra de las 195 armas, pues no hubo un concurso público en el que participaran varias empresas, sino que, de antemano, se pidió que las pistolas 9 mm fueran marca Ruger, la cual solo es traída al país por una sola compañía: El Hispano.

La solicitud de compra, bajo la modalidad de oferente único, se inició en 2013 cuando una comisión especial recomendó a la Dirección del Sinac comprar pistolas Ruger 9mm KP95PR15, un modelo más antiguo a la American Pistol que se terminó contratando en 2018.

Para justificar técnicamente la adquisición de las KP95PR15, la comisión alegó que la pistola estaba fabricada en acero inoxidable y tenía doble seguro para evitar accidentes. Además, planteó como una ventaja que, con Ruger, se podría optar por una contratación de oferente único, que sería más rápida que el método ordinario de cartel.

“Al ser una única casa comercial el proceso de compra es mucho más rápido que el de un proceso de contratación normal”, dice el oficio del 2013.

El calibre de las armas que recomendó la comisión del Sinac es distinto al que sugirió comprar la Dirección General de Armamento, del Ministerio de Seguridad, hace cinco años cuando se le solicitó un criterio, al respecto.

Ese departamento más bien aconsejó que los guardaparques utilizaran una pistola calibre .40 S&W, y no una 9 mm.

Las 9 mm se iban a comprar en conjunto con 50 fusiles automáticos también marca Ruger, por los que se cobró un total de $127.500 (¢77 millones), es decir, $2.550 (¢1,5 millones) por cada uno.

Sumado el monto de las 9 mm y los fusiles automáticos, la compra congelada a El Hispano iba a ser por $431.700 (¢261 millones).

En el caso de los fusiles sí se iba a comprar el mismo recomendado en 2013 por la comisión.

Mucha competencia en 9 mm

La competencia en el mercado de pistolas 9 mm es muy fuerte, según confirmó el experto en Seguridad y gerente del polígono Centro de Defensa Civil (CDC), José Ojeda. Al menos cinco marcas tienen presencia en el país con modelos de calidad similar.

“Glock, Smith & Wesson, SIG Sauer, Beretta y Ruger todas tienen modelos 9 mm que compiten entre ellos, la disputa es muy dura, todos los años se realiza el Shot Show en las Vegas, que es la reunión anual de fabricantes de armas y todas esas marcas presentan modelos nuevos de 9 mm”, dijo Ojeda.

Sobre las características técnicas expuestas por la comisión del Sinac para la adquisición de las 9 mm: ser de acero inoxidable y tener doble seguro. Ojeda explicó que no son cualidades únicas de Ruger, sino que las comparten varias armas 9 mm de las cinco marcas más importantes del mercado.

Oferente único, un modelo de excepción

Las compras de oferente único se dan al amparo de la Ley de Contratación Administrativa y, según el abogado especialista en el tema, David Salazar, son procesos excepcionales que deben ser justificados por circunstancias particulares del mercado, seguridad o urgencia.

“Si no fuera una situación excepcional y no hay una justificación de peso para que se contrate un único oferente, se violentarían los principios generales de la contratación administrativa, porque se estaría limitando la participación, la libre competencia. Usted tiene que justificar la particularidad que tiene el bien y cómo contratar a ese oferente va a generar un plus para la administración", comentó Salazar.

Sobre el establecimiento de precios en ese tipo de contratación, Salazar explicó que es determinado por el oferente, pero no por eso la administración debe aceptar rangos que no coincidan con los costos que se manejan en el mercado.

“Cuando es el caso de un oferente único tenemos el tema del precio, ya que solo él está y es quien controla el mercado, pero que el oferente tenga el control no quiere decir que la administración no deba ponderar si vale la pena adquirir esos bienes al precio ofertado o si lo que se está cobrando no coincide con el valor de mercado”, dijo.

El planteamiento de Salazar coincide con el criterio DCA-3476 emitido por la Contraloría General de la República referente a una compra de armas 9 mm que el Ministerio de Seguridad pretendía realizar mediante el modelo de oferente único.

En ese criterio, la Contraloría confirma la excepcionalidad de los procesos de contratación de oferente único y la necesidad de que los entes públicos justifiquen el por qué obviar los procedimientos concursales ordinarios constituiría la mejor vía para la satisfacción del interés del Estado.

Sobre el caso de la compra de armas 9 mm que Seguridad pretendía realizar, la Contraloría dijo que "no se tiene por acreditada la necesidad de hacerlo con una marca y empresa determinada, pues pueden existir otras marcas que cumplan con las condiciones requeridas por la administración” y pidió al Ministerio realizar la compra mediante la elaboración de un cartel de oferentes.