Con los impuestos de todos los costarricenses se financian los incentivos salariales que mes a mes reciben los empleados del Gobierno Central. En el 2016 esos beneficios extra consumieron ¢778.000 millones, el equivalente al 10% del plan de gastos, como lo demostró una investigación de la Unidad de Inteligencia de Datos La Nación en noviembre del año anterior.
Estos pluses, ocasionan importantes diferencias entre las remuneraciones del sector público y las del privado.Pero no solo eso, la libertad que han tenido las instituciones del Gobierno Central para fijar pluses específicos, genera disparidades entre los sueldos de los tres poderes de la República.
Para evidenciar estas desigualdades la Unidad de Inteligencia de Datos de La Nación creó la aplicación: Mi salario en el Gobierno.
En la aplicación, usted podrá ingresar su perfil profesional y tener un estimado de cuánto sería su salario base más los incentivos si trabajara en algún ministerio, en el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones o las tres entidades del Poder Legislativo: Asamblea, Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes.Además podrá comparar ese resultado con su salario actual.
Si ya trabaja para el Gobierno, también podrá ver cómo variaría susueldo si se cambia de institución.Los salarios bases y mínimosutilizados en esta App corresponden al primer semestre de 2016.
¿Qué encontramos?
La diferencia entre las instituciones analizadas, y de estas con la empresa privada, es producto de los pluses salariales que se pagan dentro del Gobierno Central y las disparidades en los salarios bases que tienen las instituciones.
Estos dos factores hacen que las brechas entre funcionarios se disparen.Para el mismo nivel de escolaridad y experiencia, el Poder Judicial tiene las remuneraciones más altas y el Poder Ejecutivo las más bajas.El salario mediano de los funcionarios judiciales es entre 1,5 y 2 veces superior al de los que trabajan en cualquiera de los 19 ministerios.
La diferencia se amplía en el caso delas personas no profesionales. Por ejemplo, un misceláneo del Poder Judicial puede ganar 1,7 veces más de lo que recibe uno del Ejecutivo.
¿Por qué sucede esto?
Todos los poderes menos el Ejecutivo, han creado un plus específico por el simple hecho de laborar en la institución, que cubre a todos sus funcionarios.
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De esta forma, mientras un misceláneo del Ejecutivo sólo recibiría su salario base más anualidades del 2,29%, el que trabaje en Poder Judicial tendría un salario base ¢113.400 mayor, anualidades del 2,56% y un 21,4% adicional sobre su salario base por concepto de los incentivos específicos.En el caso de un encargado de limpieza en el sector privado, probablemente solo recibiría un salario mínimo de ¢288.000.
Aunque la aplicación Mi salario en el Gobierno solo incluye 15 pluses salariales–los que son comunes para la mayor parte de los empleados–, en total, en el Gobierno Central existen 113 incentivos salariales.
¿Se puede cambiar este sistema salarial?
Como la gran mayoría de estos incentivos fueron creados por leyes o normativas internas de las instituciones, se requiere consenso en la Asamblea Legislativa para modificarlos o eliminarlos.
Hasta la fecha, los intentos que han pasado por el Congreso para modificar los pluses han fracasado.Recientemente, el Gobierno desconvocó el proyecto de ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público (expediente 19.506).
El plan presentado en 2015 por la diputada liberacionista, Sandra Piszk, buscaba unificar los pluses de dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional, disponibilidad, anualidades y zonaje entre los Poderes del Estado, el Tribunal Supremo de Elecciones, las entidades autónomas y semiautónomas, las empresas públicas del Estado y las corporaciones municipales.
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Como alternativa, el Ejecutivo está impulsando el proyecto de Ley sobre la promoción del buen desempeño de los servidores públicos para una gestión pública de calidad (expediente 19.787) que busca modificar únicamente el pago de anualidades.La propuesta se encuentra actualmente en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
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A su vez, el pasado 23 de febrero, el Gobierno emitió una directriz para obligar a las instituciones públicas a realizar una revisión integral de los pluses que estaban pagando a sus empleados, para verificar que se apegan a los requisitos legales correspondientes.