Un primo hermano del expresidente del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), Mario Alfaro, era dirigente de dos cooperativas que recibieron dudosos créditos del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), por ¢1.651 millones, que ahora están siendo investigados por la Fiscalía.
Se trata de Alejando Alfaro Cortés, quien dijo en el 2016 que el Sinart, la empresa estatal que dirigía su primo, le había dado el “visto bueno” para contratarle los servicios de factoreo a otra de sus cooperativas, la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Múltiples y Asesorías R. L. (Coopeasesorías).
Así lo consignó en un correo electrónico que envió al Infocoop durante el trámite de otro préstamo por ¢600 millones, en el Fondo Nacional de Cooperativas de Autogestión, el cual administra el Infocoop.
Por esta relación, la semana pasada, el Consejo de Gobierno acordó destituir a Mario Alfaro, al tiempo que remitió un relato de los hechos al Ministerio Público sobre un presunto tráfico de influencias.
El nombre del primo del exjerarca del Sinart no solo se menciona en ese caso en la Fiscalía, pues también consta en la auditoría forense que la firma KPMG hizo sobre los créditos del Infocoop, a solicitud de la junta interventora del Instituto, informe que fue remitido al órgano acusador hace unas tres semanas.
Alejandro Alfaro era parte de los consejos administrativos de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte de Costa Rica R. L. (Fenacoot) y de la Cooperativa Autogestionaria de Servicios de Transporte en Costa Rica R. L. (Coopecostarica).
En el análisis jurídico que entregó KPMG, se concluye que con los créditos otorgados por el Infocoop a esas cooperativas se pudo haber cometido los siguientes delitos: legitimación de capitales, administración en provecho propio, conflicto de intereses y violación al deber de probidad.
Entre el 2014 y el 2016, estas dos organizaciones obtuvieron tres créditos del Infocoop por ¢1.651 millones, los cuales cayeron en cobro judicial por falta de pago. En uno de los casos, no se pagó ni una cuenta. A la fecha, adeudan ¢1.601 millones; es decir, el 97% del dinero prestado.
En el momento del trámite y obtención de las líneas de financiamiento, Alejandro Alfaro aparecía como miembro de la junta directiva de esas dos organizaciones. En Fenacoot, era el presidente y, en Coopecostarica, primero figuró como vicepresidente y, después, como secretario.
KPMG hizo una revisión integral de los créditos otorgados a 15 organizaciones cooperativas, entre el 1.° de enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2016.
Los hechos son investigados en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Antocorrupción, donde ya hay seis personas imputadas y hay otras más que son investigadas bajo el expediente 16-000046-1218-PE.
El viernes pasado, el Ministerio Público realizó 11 allanamientos por este caso y, con base en la auditoría forense, al menos dos de estas diligencias estuvieron vinculadas con Fenacoot y Coopecostarica.
La Nación intentó obtener una reacción de Alejandro Alfaro; no obstante, este remitió a su abogado John Brenes, pero en su despacho dijeron que no estaba disponible para dar declaraciones.
Mientras, Mario Alfaro no atendió las llamadas hechas a su teléfono celular.
Fenacoot: Director votó en favor de familiares
En el caso de Fenacoot, la auditoría forense detectó presuntos delitos de administración en provecho propio, conflicto de intereses y violación al deber de probidad, en el trámite de una línea de crédito por ¢1.000 millones.
El dinero se solicitó para desarrollar un proyecto de leasing financiero cooperativo, para el arrendamiento de vehículos, maquinaria agrícola, equipo médico, entre otros.
En noviembre del 2014, el entonces director del Infocoop, Luis Ángel Delgado González, participó en la aprobación de crédito, a pesar de que en esa Federación, dos de sus hijas formaban parte del Consejo de Administración en donde también estaba Alejandro Alfaro.
Además, en el plan de inversión de esa línea de financiamiento, se consignó que una de las beneficiarias de esos recursos iba a ser Coopecostarica, donde otro hijo del directivo Delgado figuraba como presidente y su esposa como vocal I, junto al primo del expresidente del Sinart. Ambos aún lideran esa cooperativa.
De ese dinero, el Fenacoot informó al Infocoop de que ¢375 millones se habían colocado en centenares de contratos de leasing con Coopecostarica.
Adujo que rentó ambulancias, monitores cardíacos, computadoras, aires acondicionados, mobiliario, grúas, vehículos 4x4 y buses.
Sin embargo, los estados financieros de Coopecostarica no coinciden con el monto de leasing que el Fenacoot indicó que había otorgado, pues solo se identifican documentos por pagar por ¢62 millones.
Delgado reconoció la relación sanguínea, pero negó que hubiese cometido alguna irregularidad al haber participado en la aprobación de ese préstamo: "Para mí no existe (conflicto de interés) porque yo no era parte del Consejo ni de la gerencia (de Coopecostarica). Por consiguiente, no tengo una relación, por ejemplo mi esposa puede ser afiliada a Coopesparza, pero ya no por eso, si en la junta se aprueba un crédito de Coopesparza yo tengo relación, es una persona más".
El préstamo fue aprobado por el Comité de Crédito y por la Junta Directiva del Infocoop antes de que Fenacoot estuviera "legalmente constituida e inscrita y, por lo tanto, sin personería jurídica".
Ese financiamiento se avaló el 26 de noviembre del 2014 y la Federación se reactivó hasta 18 de diciembre de ese año.
Y la aprobación se dio un mes después de la junta directiva del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) solicitara al Infocoop apoyar las gestiones crediticias del Fenacoot.
Aunado a ello, la línea de crédito se giró a pesar de que varias cooperativas afiliadas a la Federación mantenían deudas con el Infocoop.
Primo de exjerarca aparece de nuevo
En garantía por los ¢1.000 millones prestados, Fenacoot puso a responder 21 fincas, cuyo propietario era la empresa Desarrollos Inmobiliarios Bosques de Heredia, donde figuraba como secretario Alejandro Alfaro, el primo del expresidente del Sinart.
Además, el representante legal de esa sociedad anónima es Wálter Cortés Vargas, quien al mismo tiempo es gerente general de Fenacoot y de Coopecostarica.
Este crédito actualmente está en cobro judicial. El último pago se realizó en octubre del 2016. En total, se pagaron nueve cuotas por ¢34 millones, es decir, el 3,4%.
Sobre este caso, el análisis jurídico de KPMG concluyó: "Puede estarse en presencia de un delito de administración en provecho propio, en especial en los casos en los que un miembro de la Junta Directiva del Infocoop participó con su voto favorable para el otorgamiento de créditos que beneficiaron económicamente a Fenacoot y Coopecostarica en las que familiares suyos en primer grado de consanguinidad y afinidad ocupaban cargos dentro de sus Consejos de Administración".
Coopecostarica: Garantía de dudosa procedencia
En el caso de Coopecostarica, la auditoría forense determinó que se podría estar en presencia de un posible delito de legitimación de capitales, debido a la garantía que está cooperativa dio para obtener dos préstamos por ¢651 millones.
Las líneas de crédito las obtuvo, entre mayo del 2015 y marzo del 2016, del Fondo Nacional de Cooperativas de Autogestión, cuyos recursos son administrados por el Infocoop.
El dinero fue solicitado para comprar 16 ambulancias, para pagar una deuda que estaba en cobro judicial por ¢10 millones, para capital de trabajo y para hacer una serie de remodelaciones.
Según la auditoría, "no se presentó ningún documentación que evidencie la necesidad y razonabilidad de los recursos otorgados".
Lo único que se adjudicó fue un contrato con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que se firmó en diciembre del 2013, por un año de plazo, pudiendo ser prorrogable, pero sin que se presentara esa prorroga que justificara la inversión.
Ese mismo contrato, además, fue la misma justificante que aportó Fenacoot para girarle otros ¢552 millones.
Como garantía para obtener los préstamos, la cooperativa puso a responder una propiedad valorada en ¢1.327 millones, cuyo origen es cuestionado por la auditoría.
A los auditores les llamó la atención que la finca proviniera de una donación a una persona física y que esta, a su vez, la traspasara a nombre de la sociedad Waye S. A., donde el representante legal es Wálter Cortés Vargas, el gerente general de Coopecostarica y Fenacoot.
Según KPMG, este es el mismo esquema que se utilizó para la garantía de Fenacoot. Así consta en el análisis jurídico.
"En el caso de Coopecostarica, cuyo gerente general era el señor Wálter Cortés Vargas, se ofreció como garantía una finca de titularidad de Waye S. A., representada por el mismo Wálter Cortés Vargas; sin embargo, se señala que esta finca había sido traspasada a Waye S. A. por Luis Ángel Dinarte Vargas quien la adquirió por la vía de la donación".
"Asimismo, en relación al préstamo de Fenacoot, se apunta que se ofreció como garantía un fideicomiso con 21 fincas propiedad de la empresa Desarrollos Inmobiliarios Bosque de Heredia, representada por el citado señor Cortés Vargas.
"En ambos casos, se incumplió el pago de los créditos, lo que amerita una investigación de mayor profundidad por el Ministerio Público para determinar si se está en presencia o no de una modalidad del delito de legitimación de capitales", señala dicho estudio incluido en los anexos de la auditoría.
Esas líneas de crédito también están en cobro judicial, pues solo se hicieron tres pagos por ¢17 millones, es decir el 2,6% de los ¢651 millones prestados.
"La operación se encuentra en cobro judicial; sin embargo, no se obtuvo información respecto a si el Infocoop se adjudicó la finca mencionada y si el avalúo de parte del Ministerio de Hacienda mostró que la misma realmente garantizaba el monto de los créditos otorgados", apunta la auditoría forense.
Colaboró el periodista Gustavo Arias.