¿Por qué los hallazgos de la auditoría no trascendieron legalmente?
Armar un argumento sólido es muy complicado. Es casi nula la posibilidad de demostrar ante un tribunal que una persona a propósito alteró los datos de matrícula con ciertos objetivos.
¿Y si existen pruebas contundentes contra el responsable?
En casos donde hemos tenido testigos de que sí hubo dolo y se alteraron los datos de matrícula lo que hemos hecho es enviar los casos al comité disciplinario del Ministerio y se les investiga.
¿Hasta dónde pueden llegar esos procesos?
Al despido y otras sanciones disciplinarias. Es un proceso largo.
¿Y esos casos no van al Ministerio Público?
Cuando no puedo comprobar algo, porque solo tengo sospechas, no vale la pena perder tiempo y recursos del Estado. Al final se va a desestimar el caso.
¿Una denuncia penal es imposible en estos casos?
Son casos demasiado chiquitos para hacerlo y ni siquiera tengo pruebas. La Fiscalía va a pedir pruebas, grabaciones, cosas que den sustento y no las tengo.
¿Eso pasó con la mayoría de los casos que ustedes detectaron?
Sí. Por eso lo que estamos haciendo en el MEP es analizar el problema, cambiar las reglas para tratar de eliminar esa conducta.
¿Quiere decir que esos directores siguen en los mismos centros educativos?
Sí porque no tengo cómo comprobar que actuaron mal solo porque tengo una incoherencia de datos. ¿Si alguien dice me equivoqué cómo demuestro que eso fue con intención?
¿La persona dice que fue un error, pero qué pasa con la plata de más que recibió, en algunos casos, por salario extra y subsidio para comedor o insumos?
La deja de recibir cuando hacemos los ajustes para cambiar el rango del centro educativo.
¿Hay forma de recuperar esos recursos?
Legalmente no se la puedo quitar a la institución o al director. Si yo le digo que lo haga me mete un juicio laboral y no salimos de eso.