A partir de febrero del 2019, el Gobierno podrá recoger el dinero que permanece ocioso en la Caja Única del Estado y utilizarlo en la amortización de la deuda interna y externa del país.

En específico, el Ministerio de Hacienda podrá recuperar los fondos que no fueron ejecutados al cierre del 2018 por las distintas entidades que reciben recursos del Presupuesto Nacional.

La medida aplicaría para unas 1.674 instituciones públicas y privadas que administran dineros del Estado; como por ejemplo, las municipalidades, los tres poderes de la República, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Fondo Nacional de Becas.

Hasta la segunda quincena de febrero, es que tendrá efecto la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, que entró a regir en agosto del 2016.

Esa legislación es la que faculta al Ministerio de Hacienda para recoger esos dineros ociosos, luego de haberle concedido a las instituciones un plazo de dos años para gastar los recursos que estaban sin utilizar. Allí se establece que lo recuperado solo se puede emplear para amortizar deuda pública.

“Las entidades tienen hasta el 16 de febrero de 2019 para presentar la liquidación presupuestaria del ejercicio 2018. Luego de esa fecha deberán trasladar los saldos (superávit dictaminado-recursos ejecutados 2017 y 2018) al Presupuesto Nacional, para ser aplicados al pago de amortización de la deuda interna y externa de la Administración Central”, explicó Ana Miriam Araya, directora ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

La recuperación de esos recursos llega en momentos en que el pago de intereses y la amortización de la deuda consumirán el 41,6% del Presupuesto Nacional para el próximo año, es decir, ¢4,5 billones del plan de gastos de ¢10,9 billones.

Ese monto (¢4,5 billones) es un 52,6% superior a los ¢3 billones que se presupuestaron para la misma finalidad, pero en el 2018.

Un informe de la Tesorería Nacional y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, en el cual se dictaminó a 155 instituciones, detectó que el superávit libre sería de unos ¢254.000 millones. En ese cálculo no se analizó los recursos disponibles en las 1.100 Juntas de Educación y Administrativas. Así lo consignó la Contraloría General de la República (CGR) en su memoria anual de 2017.

Cifra aún incierta

No obstante, Hacienda insiste en que hasta febrero se puede saber con certeza de cuánto dinero ocioso podrá echar mano, pues las instituciones todavía tienen un margen de tres meses –hasta el 31 de diciembre del 2018–, para ejecutar o comprometer los recursos ya asignados.

Y además, las municipalidades tienen tiempo hasta el 15 de ese mes para presentar su liquidación presupuestaria, mientras que el resto de las entidades hasta un día después.

“Podría conocerse el detalle de la información (la estimación de la recaudación) hasta el mes de febrero del 2019”, enfatizó Ana Miriam Araya.

La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, coincidió con ella en que aún no es posible tener una cifra y que hay que esperar a febrero. No obstante, sin citar un monto exacto, la jerarca dijo que en su momento se estimó que podría ser un poco superior a los ¢200.000 millones.

“Esa ley no es que me da a mí más ingresos, lo que me evita es tener más deuda y eso por supuesto que es importantísimo (...). Aquí todo cuenta, si fueran ¢200.000 millones, yo estaría muy contenta”, expresó Aguilar.

Saldos a diciembre del 2017

En la última memoria anual, el órgano contralor detectó que a diciembre del 2017, el saldo en la Caja Única del Estado superaba los ¢937.000 millones.

Aguilar no cree que lo recuperado con la ley para mejorar la gestión de la Caja Única ascienda a esa cifra, debido a que para el momento que salió ese estudio de la CGR, las entidades todavía disponían de 12 meses para ejecutar o destinar los recursos a un fin en específico.

Según la Contraloría, las Juntas de Educación y Administrativas son las entidades con el mayor saldo disponible, con casi ¢165.000 millones y una ejecución de solo el 24,1% de los recursos asignados.

De seguido, aparece el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) con unos ¢110.000 millones, ese remanente creció en un 27% en relación con un año atrás.

Las municipalidad por su parte, cerraron el 2017 con ¢71.000 millones en sus arcas, una cifra similar que la Caja Costarricense de Seguro Social.

La Junta Administrativa del Registro Nacional sigue en la lista de mayores saldos con ¢66.000 millones y posteriormente el Conavi, el cual disponía de cerca de ¢52.000 millones, pero con un nivel del ejecución del 82%, superior al observado en el 2016, cuando fue del 72%.

En otras instituciones, como el PANI, el superávit disponible es de ¢9.500 millones y en la Imprenta Nacional de casi ¢18.000 millones.

Sobre la poca ejecución, la Contraloría concluyó en la memoria: “Casos como el PANI o las propias Juntas de Educación y Administración reflejan la importancia de promover la capacidad ejecutora de las instituciones, con el fin de que los recursos presupuestados respondan a la realidad institucional y sean canalizados de forma efectiva a la prestación de bienes y servicios de la administración pública”.

“(...) De forma conclusiva, se tiene que las transferencias son el principal rubro de gasto del Gobierno, crecen a una tasa elevada, y en su mayoría responden a destinos específicos de carácter legal o constitucional, que se asignan en relación a la recaudación tributaria y al PIB (producto interno bruto), y no con base en las posibilidades de la Hacienda Pública ni de la capacidad ejecutora de la institución receptora. Ante lo cual las asignaciones se convierten en una meta en sí misma y no responden a la realidad institucional ni fiscal”.