El caso del vicepresidente Luis Liberman y el ministro de Educación Leonardo Garnier, no es el único en el que Casa Presidencial haya discrepado del criterio de los procuradores de la ética.
En el pasado gobierno de Óscar Arias, la Procuraduría remitió a la Presidencia tres informes en los que señaló presuntas faltas éticas de parte de la ministra de Vivienda, Clara Zomer; el jerarca de Trabajo, Francisco Morales, y el viceministro del MOPT, Pedro Luis Castro.
En el caso de Zomer, el Consejo de Gobierno consideró que los señalamientos de la Procuraduría “carecen de trascendencia”, y no tienen méritos para abrir un proceso administrativo contra la funcionaria.
En cuanto a Morales y Castro, la Presidencia les abrió un procedimiento disciplinario, pero los absolvió, según dijeron los exfuncionarios a este diario.
En el 2011, la Presidencia desistió de investigar al jerarca de Acueductos y Alcantarillados, Óscar Núñez, pues él renunció a su cargo un día antes de que el Consejo de Gobierno conociera un informe de la Procuraduría, que le achacó una violación al deber de probidad.
La responsabilidad administrativa del empleado público y la potestad de las instituciones para aplicar sanciones disciplinarias no deben extinguirse con su renuncia al cargo, según la opinión de la Procuraduría.
Este año, el Consejo de Gobierno ordenó la apertura de un procedimiento administrativo contra el directivo de Incopesca Álvaro Moreno, producto de un informe que presentó en enero la Procuraduría de la Ética.
El proceso concluyó el 28 de junio –se desconoce el dictamen– y ahora la resolución final debe tomarla el mismo Consejo, informó Casa Presidencial