Con un sobresueldo a los jueces, la Corte Plena procura hacer que esos profesionales acepten puestos en zonas difíciles.
Este es el fin del incentivo de regionalización creado en 2014, exclusivamente para jueces, y como un estímulo que los aliente a laborar en zonas alejadas o conflictivas y por tanto, poco atractivas para personal calificado.
Aunque este año se presupuestaron ¢319 millones para darle contenido económico a este rubro, el plus aún no se ha estrenado.
Dicho incentivo es adicional al zonaje que paga entre un 15% y un 20% sobre el salario base–dependiendo del lugar–, para retribuir los gastos extraordinarios por vivienda, pago de servicios, alimentación, traslados que deben hacer los funcionarios enviados a zonas alejadas a su lugar de residencia. El zonaje, según la Corte, no es un incentivo por permanencia.
Con el nuevo sobresueldo, los magistrados buscan resolver la dificultad que enfrentan hoy para nombrar jueces en ciertas regiones del país. “En zonas geográficas complicadas la gente no quiere ir a trabajar. A veces hay 200 candidatos elegibles y nadie acepta. Por eso se creó ese incentivo”, justificó José Luis Bermúdez, director de Gestión Humana del Poder Judicial.
Esto pasa porque a diferencia del Ministerio Público o de la Defensa Pública, en la judicatura no existe el principio de jerarquía y los jueces tienen libertad de asumir o no un puesto en determinada zona.
Y ocurre que a veces las personas aceptan una plaza en propiedad en esos cargos, pero rápido buscan un traslado. Esa movilidad y desarraigo, en su mayoría en plazas de jefatura, provoca desorden, falta de control, continuidad y responsabilidad para la administración de la oficina judicial, detalla la propuesta para crear el sobresueldo.
“Esta situación ha motivado una reiterada crítica por parte de las personas usuarias, de la gestión y de las resoluciones judiciales dictadas en ciertas zonas del país, pues los y las profesionales con mejores notas de acceso a la carrera judicial buscan ser nombradas en el área metropolitana o en zonas con mayor acceso a servicios públicos o de menor conflictividad social”, agregan las justificaciones de la propuesta.
Los letrados también reconocieron el impacto en el servicio de la rotación de jueces en esas oficinas.
“Como presidenta de la Corte, cuando he visitado algunos circuitos judiciales fuera de San José, he escuchado la crítica tanto de profesionales como de las personas usuarias, sobre las consecuencias que les representa la inestabilidad de los jueces o juezas encargadas de esos despachos, lo cual tampoco me resulta novedoso" manifestó la presidenta de la Corte, Zarella Villanueva, poco antes de la aprobación del nuevo plus.
El incentivo de regionalización se pagará como un porcentaje sobre el salario base. El monto deberá ser definido por el Consejo Superior.